El gobierno de George W. Bush incluyó una serie de cambios en la Ley de
Crímenes de Guerra que protegería a los funcionarios de forma retroactiva ante
posibles acusaciones de haber autorizado tratos denigrantes y humillantes a sus
detenidos, dijeron abogados que han visto las enmiendas.
Las medidas del gobierno forman parte de una estrategia para blindarse del
trato que les dispensan a los detenidos en la guerra contra el terrorismo.
De por medio se encuentran los métodos de interrogación de la CIA, y el nivel
de dureza autorizado por los funcionarios. Una ley diferente, el Código de
Justicia Militar, se aplica al ejército.
El diario capitalino The Washington Post fue el primer medio en reportar las
enmiendas a la Ley de Crímenes de Guerra.
Un cambio sería la prohibición de la tortura y el trato cruel e inhumano,
pero no abarcaría las prohibiciones del Artículo 3 de la Convención de Ginebra
contra "los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes". La AP obtuvo una sección de la nueva propuesta.
La Casa Blanca, sin dar detalles, señaló en un comunicado que la propuesta
"se aplicará a la conducta de cualquier funcionario de Estados Unidos, bien sea
antes o después de que se apruebe la ley".
Dos abogados que hablaron bajo condición de anonimato señalaron que las
intenciones del gobierno son las de aprobar los cambios principales en el
Congreso después del 4 de septiembre.
"Creo que esta ley puede crear inmunidad por crímenes pasados. Por eso es tan
peligrosa", dijo un tercer abogado, Eugene Fidell, presidente del Instituto
Nacional de Justicia Militar.
Agregó que la iniciativa no "es sólo para proteger a designados políticos,
pero también al personal de CIA que lidera las interrogaciones".
Las prácticas de interrogación "siguen políticas que han sido elaboradas en
la alta cúpula del gobierno", dijo el abogado Scott Horton, quien ha prestado
atención cercana al tema de los detenidos. "El gobierno quiere proteger a los
altos funcionarios bajo el paraguas de la Ley de Crímenes de Guerra".
El gobierno de Bush ha declarado que el Artículo 3 de la Convención de
Ginebra incluye una serie de términos muy generales que se prestan a diversas
interpretaciones.
Las prácticas de interrogación del actual gobierno estadounidense han sido
motivo de duras críticas.
El director de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Larry Cox, dijo que
"el presidente Bush está tratando de limitar la Ley de Crímenes de Guerra
mediante la legislación", ya que la Corte Suprema ha acogido el Artículo 3.
En junio, la corte dijo que la decisión de Bush de juzgar a los detenidos de
Guantánamo en tribunales militares viola el Artículo 3.
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