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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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17-03-2007

Purgas políticas y espionaje contra los estadounidenses

La Ley Patriótica sin limitaciones

Marjorie Cohn
Argenpress

A su regreso de la gira latinoamericana, George W. Bush enfrenta las críticas por la destitución de 8 fiscales. El año pasado el Senador republicano Arlen Specter introdujo una cláusula en la reautorizada Ley Patriótica, según la cual el Fiscal General Alberto González puede designar fiscales norteamericanos sin que el Senado los confirme.

González aprovechó el artero lineamiento para despedir a ocho fiscales que no seguían a pie juntillas la agenda de Bush y los sustituyó por seguidores del Presidente. González, que negó haber actuado indebidamente, desestimó la importancia del despido masivo (en un mismo día del pasado mes de diciembre se le pidió la renuncia a siete fiscales federales), calificándolo como una 'cuestión de exceso de personal.'

En enero, el Fiscal General juró ante el Comité Judicial del Senado que 'nunca cambiaría a un fiscal de Estados Unidos por razones políticas.' Pero la evidencia desmiente las protestas de González.

¿Por qué estos fiscales chocaron con la pandilla Bush?

David Iglesias, de Albuquerque, recibió una evaluación donde decía que era 'respetado por la judicatura, las agencias y el personal.' Pero no le dio curso a un caso de corrupción que involucraba a Demócratas de Nuevo México antes de las elecciones del 2006 que hubiera puesto a ese partido en una situación embarazosa. Pete Domenici, Senador republicano por Nuevo México, llamó a Iglesias y le preguntó 'si iba a hacer alguna acusación antes de las elecciones.' Iglesias dijo que se sintió 'muy mal' por la llamada de Domenici. 'Sentí que me acosaban. Me sentí presionado a echar a andar este asunto.' Iglesias también recibió una llamada de la Representante republicana Heather Wilson, que iba emparejada con un Demócrata en una carrera en la cual la investigación de corrupción era objeto de debate para la campaña. Brian Roehrkasse, vocero del Departamento de Justicia, admitió que la queja sobre Iglesias que Domenici le planteó a González había influido en la destitución del fiscal.

Carol Lam, 'eficaz directora y dirigente respetada' de San Diego, condujo una investigación del Representante republicano Randy 'Duke' Cunningham por haber aceptado sobornos de contratistas del complejo militar industrial por un valor superior a $2 millones, lo cual dio lugar a una confesión de culpabilidad y una sentencia de más de ocho años de prisión. En febrero, Lam acusó a Kyle Dustin Foggo, quien fuera el número tres de la CIA. De habérsele permitido continuar, Lam pudo haber descubierto más fechorías oficiales en los contratos de defensa. Fue sustituida por un miembro de la Sociedad Federalista que casi no tenía experiencia en Derecho Penal.

Bud Cummins, de Little Rock, Arkansas, fiscal 'muy competente y de elevada reputación', fue despedido y sustituido por J. Timothy Griffin, uno de los principales investigadores de Karl Rove. El Vicefiscal General Paul McNulty testificó que Cummins no había hecho nada malo que justificara su despido. 'No conozco que haya algo negativo,' afirmó. Cummins dijo que un alto funcionario del Departamento de Justicia le advirtió que los Fiscales de EEUU despedidos debían mantener silencio sobre 'sus' despidos.

Daniel Bogden, un líder 'reputado' y 'capaz' de Las Vegas, había iniciado una investigación a partir de acusaciones al gobernador republicano de Nevada por aceptar regalos indebidamente.

Paul Charlton, de Phoenix, 'muy respetado' por su 'integridad, profesionalidad y competencia', había emprendido una investigación de dos Representantes republicanos de Arizona.

John McKay, 'un líder eficaz, reputado y capaz' de Seattle recibió una llamada de un influyente republicano, quien le preguntó si tenía intenciones de convocar a un gran jurado para examinar reclamaciones de fraude electoral en unas reñidas elecciones para gobernador, a la postre ganadas por un demócrata. McKay también estaba a favor de un sistema computarizado para aplicar la ley basado en mecanismos para compartir la información, al que se oponía el Departamento de Justicia.

Estos fiscales fueron castigados por hacer su trabajo demasiado bien. En la administración Bush se ha politizado la justicia. Los demócratas han sido investigados con siete veces más frecuencia que los republicanos.

La administración, a la defensiva como resultado del escándalo por los despidos de Fiscales de Estados Unidos, está volcada al control de daños, y ha aceptado no oponerse a la legislación que invalida las fisuras que [el Senador republicano Arlen] Specter afirma existen en la Ley Patriótica.

Otra disposición de la Ley Patriótica mal utilizada por el Departamento de Justicia de González autoriza el uso de 'cartas de seguridad nacional', citaciones administrativas que le permiten al FBI obtener nuestros registros de correo electrónico y llamadas telefónicas, así como información sobre nuestras finanzas y viajes, sin la aprobación de un juez. Una auditoría realizada la semana pasada por el Inspector General llegó a la conclusión de que el FBI ha utilizado esta disposición para obligar ilegalmente a los negocios a entregar datos sobre sus clientes, y luego le mintió al Congreso en este sentido.

La pandilla Bush está metida en prácticas y patrones de mala conducta, incluyendo una guerra de agresión, crímenes de guerra y tortura, y espionaje a los estadounidenses sin orden judicial. El Congreso ha comenzado a celebrar audiencias y conducir investigaciones. Ante la aparición de más pruebas de grandes crímenes y faltas, es hora de que la Casa de Representantes ejerza su deber constitucional de iniciar un proceso de acusación.

Marjorie Cohn, profesora de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson, es presidenta del Gremio Nacional de Abogados y representante por Estados Unidos ante el comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas. Su nuevo libro, Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law , será publicado en julio. Vea http://www.marjoriecohn.com.


 

 

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