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17-03-2007
Purgas políticas y espionaje contra los estadounidenses
La Ley Patriótica sin limitaciones
Marjorie Cohn
Argenpress
A su regreso de la gira latinoamericana, George W. Bush enfrenta las críticas
por la destitución de 8 fiscales. El año pasado el Senador republicano Arlen
Specter introdujo una cláusula en la reautorizada Ley Patriótica, según la cual
el Fiscal General Alberto González puede designar fiscales norteamericanos sin
que el Senado los confirme.
González aprovechó el artero lineamiento para despedir a ocho fiscales que no
seguían a pie juntillas la agenda de Bush y los sustituyó por seguidores del
Presidente. González, que negó haber actuado indebidamente, desestimó la
importancia del despido masivo (en un mismo día del pasado mes de diciembre se
le pidió la renuncia a siete fiscales federales), calificándolo como una
'cuestión de exceso de personal.'
En enero, el Fiscal General juró ante el Comité Judicial del Senado que
'nunca cambiaría a un fiscal de Estados Unidos por razones políticas.' Pero la
evidencia desmiente las protestas de González.
¿Por qué estos fiscales chocaron con la pandilla Bush?
David Iglesias, de Albuquerque, recibió una evaluación donde decía que era
'respetado por la judicatura, las agencias y el personal.' Pero no le dio curso
a un caso de corrupción que involucraba a Demócratas de Nuevo México antes de
las elecciones del 2006 que hubiera puesto a ese partido en una situación
embarazosa. Pete Domenici, Senador republicano por Nuevo México, llamó a
Iglesias y le preguntó 'si iba a hacer alguna acusación antes de las
elecciones.' Iglesias dijo que se sintió 'muy mal' por la llamada de Domenici.
'Sentí que me acosaban. Me sentí presionado a echar a andar este asunto.'
Iglesias también recibió una llamada de la Representante republicana Heather
Wilson, que iba emparejada con un Demócrata en una carrera en la cual la
investigación de corrupción era objeto de debate para la campaña. Brian
Roehrkasse, vocero del Departamento de Justicia, admitió que la queja sobre
Iglesias que Domenici le planteó a González había influido en la destitución del
fiscal.
Carol Lam, 'eficaz directora y dirigente respetada' de San Diego, condujo una
investigación del Representante republicano Randy 'Duke' Cunningham por haber
aceptado sobornos de contratistas del complejo militar industrial por un valor
superior a $2 millones, lo cual dio lugar a una confesión de culpabilidad y una
sentencia de más de ocho años de prisión. En febrero, Lam acusó a Kyle Dustin
Foggo, quien fuera el número tres de la CIA. De habérsele permitido continuar,
Lam pudo haber descubierto más fechorías oficiales en los contratos de defensa.
Fue sustituida por un miembro de la Sociedad Federalista que casi no tenía
experiencia en Derecho Penal.
Bud Cummins, de Little Rock, Arkansas, fiscal 'muy competente y de elevada
reputación', fue despedido y sustituido por J. Timothy Griffin, uno de los
principales investigadores de Karl Rove. El Vicefiscal General Paul McNulty
testificó que Cummins no había hecho nada malo que justificara su despido. 'No
conozco que haya algo negativo,' afirmó. Cummins dijo que un alto funcionario
del Departamento de Justicia le advirtió que los Fiscales de EEUU despedidos
debían mantener silencio sobre 'sus' despidos.
Daniel Bogden, un líder 'reputado' y 'capaz' de Las Vegas, había iniciado una
investigación a partir de acusaciones al gobernador republicano de Nevada por
aceptar regalos indebidamente.
Paul Charlton, de Phoenix, 'muy respetado' por su 'integridad,
profesionalidad y competencia', había emprendido una investigación de dos
Representantes republicanos de Arizona.
John McKay, 'un líder eficaz, reputado y capaz' de Seattle recibió una
llamada de un influyente republicano, quien le preguntó si tenía intenciones de
convocar a un gran jurado para examinar reclamaciones de fraude electoral en
unas reñidas elecciones para gobernador, a la postre ganadas por un demócrata.
McKay también estaba a favor de un sistema computarizado para aplicar la ley
basado en mecanismos para compartir la información, al que se oponía el
Departamento de Justicia.
Estos fiscales fueron castigados por hacer su trabajo demasiado bien. En la
administración Bush se ha politizado la justicia. Los demócratas han sido
investigados con siete veces más frecuencia que los republicanos.
La administración, a la defensiva como resultado del escándalo por los
despidos de Fiscales de Estados Unidos, está volcada al control de daños, y ha
aceptado no oponerse a la legislación que invalida las fisuras que [el Senador
republicano Arlen] Specter afirma existen en la Ley Patriótica.
Otra disposición de la Ley Patriótica mal utilizada por el Departamento de
Justicia de González autoriza el uso de 'cartas de seguridad nacional',
citaciones administrativas que le permiten al FBI obtener nuestros registros de
correo electrónico y llamadas telefónicas, así como información sobre nuestras
finanzas y viajes, sin la aprobación de un juez. Una auditoría realizada la
semana pasada por el Inspector General llegó a la conclusión de que el FBI ha
utilizado esta disposición para obligar ilegalmente a los negocios a entregar
datos sobre sus clientes, y luego le mintió al Congreso en este sentido.
La pandilla Bush está metida en prácticas y patrones de mala conducta,
incluyendo una guerra de agresión, crímenes de guerra y tortura, y espionaje a
los estadounidenses sin orden judicial. El Congreso ha comenzado a celebrar
audiencias y conducir investigaciones. Ante la aparición de más pruebas de
grandes crímenes y faltas, es hora de que la Casa de Representantes ejerza su
deber constitucional de iniciar un proceso de acusación.
Marjorie Cohn, profesora de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson, es
presidenta del Gremio Nacional de Abogados y representante por Estados Unidos
ante el comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas. Su nuevo libro,
Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law , será publicado en
julio. Vea http://www.marjoriecohn.com.
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