Juez critica programa de espionaje interno de Presidente Bush
NACIONALES - 06/24/2007
MICHAEL J. SNIFFEN
WASHINGTON/AP — Un juez federal que autorizó el espionaje de sospechosos
criticó el programa de intercepción de comunicaciones telefónicas sin
autorización judicial aplicada por el gobierno de George W. Bush tras los
ataques del 11 de septiembre del 2001.
Royce Lamberth, que se desempeña como magistrado federal en Washington,
expresó el sábado que era correcto que algunas agencias realizaran esos
procedimientos. “Pero lo que hemos encontrado en la historia de nuestro país es
que no se puede confiar totalmente en el Poder Ejecutivo”, dijo en una
convención de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas.
“Tenemos que comprender que podemos librar esta guerra (contra el terrorismo)
y perderlo todo si no tenemos libertades civiles cuando termina la guerra”,
manifestó Lamberth, designado por el presidente Ronald Reagan.
El juez dijo que no estaba de acuerdo con que el Poder Ejecutivo decidiera
por su cuenta qué personas deben ser espiadas en casos relacionados con la
seguridad nacional.
“Los jueces entienden que la guerra debe ser librada, pero no a cualquier
precio”, sostuvo Lamberth. “Debemos preservar nuestras libertades civiles. Los
jueces son el tipo de persona al que la gente quiere confiar ese tipo de juicio
y no al ejecutivo”.
En 1995, Lamberth fue designado jefe del Tribunal de Supervisión de
Inteligencia Exterior por el entonces presidente de la Corte Suprema William H.
Rehnquist. Ocupó ese puesto hasta el 2002.
La Ley de Supervisión de Inteligencia Exterior de 1978 creó ese tribunal
después de una serie de escándalos de espionaje interno de los años 70.
Poco después de los ataques de septiembre del 2001, Bush autorizó a la
Agencia de Seguridad Nacional que interceptara las comunicaciones entre personas
que se encontraban en Estados Unidos y presuntos terroristas del exterior sin
autorización de la justicia.
El gobierno dijo que necesitaba actuar más rápido que los tribunales y que el
presidente tenía autoridad constitucional para ordenar las interceptaciones de
comunicaciones telefónicas.
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