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Jueves 29 de junio de 2006
Preocupantes, los programas de espionaje de ciudadanos revelados por la prensa
Advierten legisladores de EU que Bush intenta acumular un poder
ilimitado
El presidente hace a un lado el papel de supervisión del Congreso o los
tribunales: NYT
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
Nueva York, 28 de junio. La Casa Blanca de George W. Bush está intentando
convertirse en la presidencia más poderosa en la historia moderna de este país,
empleando la llamada "guerra contra el terror" como justificación de sus poderes
extraordinarios y casi siempre secretos, advierten legisladores, editorialistas
y analistas.
Ayer, el Comité Judicial del Senado (vale recordar que está en manos del
Partido Republicano) sostuvo audiencias en donde varios senadores, incluyendo el
presidente del comité, el republicano Arlen Specter, acusaron al presidente de
un intento "sin precedente" de incrementar el poder presidencial. Se reveló que
el presidente ha empleado un instrumento por el que se ha otorgado la autoridad
para enmendar o ignorar a su discreción más de 750 leyes desde que asumió su
puesto. De acuerdo con la revista Harper's, ese número de "excepciones"
supera el total de todos los presidentes de la historia del país, cuyo total
acumulado desde George Washington es de 568.
El mecanismo es un memorando que firma el presidente al promulgar ciertas
leyes donde se otorga el derecho de no cumplir con aspectos de estas mismas
normas, si él considera que podrían violar la Constitución o la seguridad
nacional. Por ejemplo, criticó Specter, Bush empleó el mecanismo para reservarse
el derecho de interpretar a su gusto la ley contra tortura aprobada
abrumadoramente por el Congreso, también medidas para someter a supervisión
legislativa disposiciones de seguridad interna contenidas en la Ley Patriota.
No sólo eso, sino los programas de vigilancia y espionaje de ciudadanos
estadunidenses revelados últimamente -el más reciente, el monitoreo de
transacciones bancarias internacionales y las intervenciones de comunicaciones
electrónicas revelado hace seis meses- han provocado alarma entre algunos
legisladores, agrupaciones de defensa de derechos humanos y libertades civiles,
y de un creciente número de funcionarios de carrera del mismo gobierno (fuente
de las filtraciones de éstos y otros programas secretos).
A todo esto también se pueden agregar los programas clandestinos de detención
secreta de tal vez miles (nadie sabe) de extranjeros, investigaciones secretas
sobre usuarios de bibliotecas, el empleo de tortura y otras medidas que, según
algunos, violan leyes estadunidenses. En respuesta, el presidente y su equipo
han insistido en que todo es legal bajo los poderes de "emergencia" que se le
otorgaron a la presidencia después del 11 de septiembre.
"Desde el 11 de septiembre, el gobierno de Bush ha tomado la necesidad de
mayor vigilancia contra el terrorismo y la ha transformado en una justificación
para un rama ejecutiva extraordinariamente poderosa, eximida de los límites y
equilibrios de nuestro sistema de gobierno", opinó hoy el New York Times
en su editorial. "Ha creado nuevas y poderosas herramientas de vigilancia y
rehusado, casi como asunto de principio, emplear los procedimientos que
reconocen que o el Congreso o los tribunales tienen un papel de supervisión".
Ante esta acumulación de poder, quien cuestione esto es ferozmente
confrontado por este gobierno. Hasta la fecha, el gobierno de Bush ha logrado
invertir toda acusación de posible abuso de poder en un cuestionamiento de la
lealtad e integridad de sus acusadores. Además de los "terroristas" potenciales,
todos quienes revelan secretos de Estado, se atreven a rehusar órdenes y
critican desde adentro o afuera el propósito del gobierno, se convierten en
sospechosos y quienes "dañan" al país y su lucha contra "el mal".
Los medios, bibliotecarios en Connecticut, el embajador Joseph Wilson, el ex
zar antiterrorista Richard Clarke, el representante y veterano condecorado de
guerra John Murtha, la madre de un soldado muerto en Irak -Cindy Sheehan-, miles
de árabes y musulmanes en este país, agrupaciones de derechos humanos, políticos
que demandan el fin de la guerra, entre otros, son sospechosos de ser
antipatrióticos, antiestadunidenses y hasta colaboradores del enemigo, según el
gobierno de Bush.
La campaña lanzada por el presidente y su equipo contra el New York
Times y los medios esta semana es parte de esta maniobra para establecer
mayores poderes presidenciales y suprimir toda critica de ello, alertan
periodistas. Hoy la Cámara está considerando una resolución de condena al New
York Times por revelar programas secretos del gobierno.
"Lo que el presidente y sus voceros nuevamente están aseverando es que el
desempeño de esta 'guerra contra el terror' mal definida y abierta es más
importante que los derechos democráticos básicos en general y la
constitucionalmente consagrada libertad de la prensa en particular", opina el
veterano periodista Robert Scheer.
En su columna para Truthdig.com agrega: "aquí hay mucho en riesgo. Ya
nos han informado que tenemos que aguantar las mentiras oficiales sobre las
armas de destrucción masiva en Irak, la tortura sin precedente de prisioneros de
guerra y un programa masivo de intervención de comunicaciones electrónicos y
otras invasiones de privacidad. Ahora, el objetivo es más básico -la libertad de
la prensa para reportar sobre estas mismas actividades nefarias del gobierno".
Scheer acusa que los argumentos oficiales en defensa de este "asalto de la
libertad es el refrán conocido de los dictadores... quienes se agarran del poder
a expensas de la democracia: Estamos en una guerra con un enemigo tan poderoso y
engañoso que no podemos salvaguardar el gobierno transparente y que rinde
cuentas".
El editor del Los Angeles Times, Dean Baquet, publicó una carta a sus
lectores defendiendo la decisión de publicar información sobre el programa
secreto de monitoreo de transacciones bancarias, poco después del New York
Times. Señala que estaba cumpliendo el papel de una prensa independiente
como lo establecieron los fundadores del país. Agrega que "la historia nos ha
enseñado que el gobierno no siempre es honesto cuando cita el secreto como razón
para no publicar algo". Cita al famoso juez de la Suprema Corte Hugo Black,
quien presidió el caso para detener la publicación de los famosos "Papeles del
Pentágono" a principios de los setenta, declarando en aquel entonces: "Mantener
secretos militares y diplomáticos a expensas de un gobierno representativo
informado no otorga seguridad real para nuestra República".
Sin embargo, la expansión del Poder Ejecutivo continua sin grandes desafíos
hasta la fecha. Los analistas lo documentan, algunos políticos y organizaciones
de defensa de derechos constitucionales y de libertades civiles no se cansan de
denunciarlo, y ahora algunos medios bajo fuego defienden su derecho a publicar
notas críticas o que revelan "secretos" oficiales, incluyendo posibles abusos de
autoridad presidencial. Pero no hay nada que se parezca, por el momento, a una
gran expresión popular en defensa de la democracia que tanto se glorifica todos
los días aquí.
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