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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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03-15-11

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15-11-2007

Historia de dos atrocidades:
Blackwater y Haditha

Rahul Mahajan,
Zmag

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La reciente indignación pública por la conducta de mercenarios de Blackwater Security en Iraq, después de una masacre no provocada de por lo menos 17 civiles iraquíes en el oeste de Bagdad fue alentadora; pero, por desgracia, no se presta virtualmente ninguna atención a un acontecimiento concomitante de mucha más importancia – el continuo colapso del proceso militar por la masacre de Haditha.

La decisión de Paul Bremer a la undécima hora antes de su partida en junio de 2004, de colocar por sobre la ley a todos los contratistas privados en Iraq (no están sujetos a la ley iraquí, al derecho militar de EE.UU., o a las leyes civiles estadounidenses) se destaca como una de las decisiones más cínicas de una guerra que ha redefinido el cinismo, y es algo positivo que se preste atención a ese hecho.

Al propio tiempo, sin embargo, toda la atención se concentra en un tema de mucho menos importancia. Es posible que los militares de EE.UU. hayan matado a más civiles en un solo incidente que todas las compañías mercenarias juntas que han operado en Iraq durante los últimos años. Según Iraq Body Count, el primer ataque de los Marines de EE.UU. contra Faluya en abril de 2004, costó las vidas de por lo menos 600 civiles iraquíes, de un total de por lo menos 800 personas.

Esa cifra es efectivamente mencionada en un informe sobre Blackwater del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, pero apenas se aprecian sus implicaciones.

Según el mismo informe, desde el 1 de enero de 2005, Blackwater ha estado involucrado en 195 tiroteos – otras compañías mercenarias en su conjunto responden por una cantidad similar.

Es el equivalente de dos días de tiroteos de los militares de EE.UU. en Iraq. No sólo son más que los realizados por los mercenarios privados (aproximadamente tres veces la cantidad); los mercenarios no salen en operaciones ofensivas o realizan patrullas rutinarias. Estas son las actividades en las que es más probable que se llegue a enfrentamientos a tiros.

Incluso si los soldados de EE.UU. son en su mayoría verdaderamente más cuidadosos respecto a las reglas de enfrentamiento, el volumen muchísimo mayor de incidentes violentos significa que el problema lo representa en realidad la conducta de los militares de EE.UU., no la de los mercenarios.

A ese respecto, hay que considerar la evolución del proceso por la masacre de Hadita, uno de los incidentes más icónicos de atrocidades por parte de los militares de EE.UU.

Los hechos indiscutibles son los siguientes: El 19 de noviembre de 2005, después de un ataque con un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) que mató a uno de ellos, Marines de Kilo Company, 3er. Batallón, 1 Regimiento, mataron a 24 personas. Los primeros muertos fueron cinco hombres en un coche que se detuvieron, se bajaron, y fueron acribillados. Después, los Marines entraron a una casa y mataron a 15 civiles, incluyendo a tres mujeres y siete niños, en edades entre 2 y 13 años.

En otra casa, cuatro hermanos, todos adultos, fueron asesinados, tres de ellos con disparos de pistola a la cabeza. El cabo primero Justin Sharratt, el asesino, dijo que estaban armados y se preparaban a atacar.

Los Marines mintieron sobre lo sucedido, indicando que primero había habido un tiroteo con insurgentes y que los demás habían caído en el fuego cruzado.

Una serie de oficiales superiores no se dignaron a investigar.

Las audiencias del tribunal militar no comenzaron hasta este verano, casi dos años después del incidente.

Inicialmente fueron acusados ocho hombres: el sargento superior Frank Wuterich, el sargento Sanick Dela Cruz, los cabos primero Justin Sharratt y Stephen Tatum, por asesinato no premeditado; el teniente coronel Jeffrey Chessani, el capitán Lucas McConnell, el capitán Randy Stone, y el teniente primero Andrew Grayson, por negligencia en el cumplimiento del deber y una serie de acusaciones menores relacionadas con la falta de investigación o por encubrimiento.

Las audiencias han sido un circo. Ante todo, fueron realizadas en Camp Pendleton, California, en lugar de Iraq, así que los iraquíes que presenciaron los eventos no pudieron testificar. En segundo lugar, las familias de las víctimas rechazaron las solicitudes de los interrogadores militares de exhumar los cuerpos para la evidencia forense. Tercero, el teniente coronel Paul Ware, quien presidió las audiencias, se ha mostrado excesivamente favorable a los acusados y excesivamente preocupado por el efecto que los veredictos tendrán en futuras operaciones de los Marines. Cuarto, se han concluido algunos acuerdos bastante extraños con la fiscalía.

Lo más reciente es que Ware recomendó que todas las acusaciones de asesinato (originalmente 13) contra Wuterich fueran retiradas y reemplazadas por acusaciones de homicidio por negligencia sólo para siete de las mujeres y niños asesinados (muchos de los cuales fueron muertos a tiros en sus camas) – y agregó que tampoco piensa que Wuterich deba ser condenado por esas acusaciones.

Según el testimonio de otros Marines, Wuterich dijo una semana antes del incidente, que si algo parecido sucediera debían matar a todos en la vecindad. El propio Wuterich reconoció que ordenó que sus hombres irrumpieran en las casas para “disparar primero y preguntar después.” Y, contrariamente a la afirmación de Wuterich de que los primeros cinco hombres iban escapando después de salir del coche, Dela Cruz testificó que los hombres “sólo estaban de pie, mirando a su alrededor, con las manos en alto.”

Dela Cruz recibió inmunidad por su testimonio, pero puede haberlo convertido deliberadamente en un lío, al contradecirse y admitir en un momento que estaba mintiendo: los eventos conspiraron a la perfección para que él y Wuterich se libraran de todo castigo.

Antes, Ware recomendó el abandono de todas las acusaciones contra Sharratt, aceptando su afirmación de que los asesinatos al estilo de ejecuciones de los tres hombres con tiros en la cabeza ocurrieron en autodefensa en el calor del combate. También quiso que se abandonaran las acusaciones contra Tatum, a pesar de que el otro cabo primero de Marines, Humberto Mendoza, testificó que Tatum le había ordenado que matara a las siete mujeres y niños, incluso después de ser informado de su identidad y de que no representaban una amenaza.

Las acusaciones contra los dos capitanes fueron abandonadas: Grayson sigue bajo investigación, y Ware recomendó que Chessani sea acusado de negligencia en el cumplimiento del deber, a pesar de que al no ser juzgado ninguno de los verdaderos asesinos, en apariencia fue negligente por no haber investigado nada.

El general de división Eldon Bargewell, estableció en su acerbo informe externo sobre el incidente, que a pesar de no ser confidencial, no ha sido publicado debido a las actuales audiencias, que “todos los niveles de comando tendieron a considerar a las víctimas civiles, aunque fueran numerosas, como rutinarias y como el resultado natural y deseado de las tácticas de los insurgentes,” agregando: “Declaraciones hechas por la cadena de comando durante entrevistas para esta investigación, tomadas en su conjunto, sugieren que las vidas de civiles iraquíes no son tan importantes como las vidas de estadounidenses, que sus muertes no son más que el precio por hacer las cosas, y que los Marines tienen que ‘hacer su labor’ no importa lo que cueste.” También estableció que “virtualmente no se realizó ninguna investigación a ningún nivel de comando,” que los oficiales consideraban los informes sobre víctimas civiles como propaganda favorable a los insurgentes que había que suprimir y manipular, y que los informes presentados por oficiales superiores fueron “olvidados una vez que fueron transmitidos.”

A pesar de todo, ningún oficial superior enfrentó acusaciones criminales; tres fueron amonestados.

Desde luego, no todas las cortes marciales en la guerra de Iraq han sido una farsa semejante. Los hombres que violaron a Abeer Hamza, de 14 años, en Mahmudiyah, mataron a su familia, luego la mataron a ella y quemaron su cuerpo, recibieron sentencias severas. En el caso de Hamdaniyah, en el que un escuadrón de Marines asesinó a un hombre inocente y luego colocó una pala sobre su cuerpo para sugerir que estaba colocando un IED, el sargento Lawrence Hutchins fue efectivamente sentenciado a 15 años, aunque queda por ver si va a cumplir con su condena; la mayor parte de sus cómplices recibieron tirones de orejas y ya están libres.

El caso de Haditha es diferente de los otros. No es esencial para la estrategia militar de EE.UU. en Iraq que se otorgue libertad a los soldados para que violen y asesinen a niñitas o incluso para que asesinen al hombre equivocado cuando andan buscando insurgentes; de hecho, los militares están interesados en disuadir de una conducta semejante. Incursiones agresivas en las casas en las que los soldados sienten que pueden “disparar primero y preguntar después,” han sido, sin embargo, fundamentales en la práctica de EE.UU. en Iraq; incluso el teniente coronel Ware, apartándose de su papel ostensible como fiscal, expresó su preocupación respecto al efecto escalofriante que las condenas tendrían sobre los Marines que operan en Iraq.

En general, el historial de responsabilización por atrocidades cometidas por soldados de EE.UU. es patético. Soldados que matan rutinariamente a prisioneros bajo su custodia reciben castigos administrativos; la ausencia de un movimiento de tropa merece una corte marcial, pero el asesinato de un hombre indefenso pocas veces la justifica. En el asesinato particularmente brutal de dos jóvenes en la prisión Bagram, en la que los soldados testificaron que solían atacar a uno de ellos, Dilawar, un taxista de 22 años, sólo porque les gustaba oírle gritar de dolor “¡Alá!”, nadie fue acusado de asesinato, por el razonamiento increíblemente engañoso de que, ya que 27 personas diferentes solían gustar de torturarlo, no había manera de determinar qué “rodillazo ilegal” condujo a su muerte. Imaginemos si se tratara de utilizar esa defensa si uno fuera un chico negro con un 7-11 mientras uno de tus cómplices dispara al cajero. Los contratistas no estarán sujetos a ninguna ley, pero la ley a la que están sujetos los soldados es pocas veces mejor que nada.

Durante este proceso, aprendimos que las reglas de combate de los Marines les permiten disparar por la espalda a personas desarmadas que van huyendo de la escena de la explosión de un coche bomba, aunque no haya razón alguna para relacionarlas con el ataque. Aprendimos que en el segundo ataque contra Faluya (en noviembre de 2004), el procedimiento aprobado era “limpiar” habitaciones lanzando a ciegas granadas de fragmentación – aunque cálculos iniciales señalaban que posiblemente había en la ciudad hasta 50.000 civiles – y que numerosos Marines utilizaron posteriormente la misma técnica en otras áreas. Supimos de la práctica rutinaria de asegurarse de la muerte: si un hombre está herido, en lugar de ofrecerle ayuda médica, se le dispara de nuevo, por el principio de que “Si vale la pena disparar una vez a alguien, también vale la pena dispararle dos veces.” Uno de los Marines testificó en las audiencias que se les enseñó esa práctica en el campamento militar.

Una nación sonámbula prestó poca atención a estas revelaciones. Cuando un día se escriban futuras historias de la guerra, probablemente incluirán declaraciones de que las audiencias demostraron que la masacre de Haditha fue una patraña.

Pero es seguro que nos mantendremos unidos en nuestra indignación justiciera contra objetivos periféricos.

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Rahul Mahajan es editor del weblog EmpireNotes.org. Ha estado dos veces en Iraq ocupado e informó sobre el primer ataque contra Faluya en abril de 2004. Su libro más reciente es "Full Spectrum Dominance: U.S. Power in Iraq and Beyond" (Seven Stories Press). Para contactos escriba a: rahul@empirenotes.org

http://www.zmag.org/sustainers/content/2007-11/01mahajan.cfm


 

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