Planean reactivar plan de espionaje interno en EEUU
Washington, 7 abr (PL) El secretario de Justicia estadounidense, Alberto
Gonzáles, confirmó hoy que el gobierno federal podría considerar una eventual
expansión del controversial programa de espionaje interno de la Casa Blanca.
Pese a las incontables críticas recibidas en la Oficina Oval debido al plan
de fisgoneo del presidente George W. Bush, el funcionario aseguró que la
administración planea reactivar la interferencia de comunicaciones privadas.
De acuerdo con Gonzáles, en esta ocasión, el Ejecutivo republicano piensa
limitar el polémico procedimiento a fin de supervisar únicamente llamadas o
intercambios de correos efectuados en territorios de Estados Unidos.
Adam Schiff, representante demócrata por California, calificó como
inquietantes las aseveraciones del Secretario de Justicia, y comentó que podrían
sugerir que actualmente el gobierno continúa monitoreando comunicaciones,
indicaron noticiarios.
La fundación Electronic Frontier Foundation (EFF) presentó por su lado una
demanda por colaboracionismo contra la empresa estadounidense AT&T, en el
caso del espionaje gubernamental contra civiles.
Al tiempo que la Casa Blanca intenta aclarar la legitimidad del espionaje
ante la opinión pública, la institución de San Francisco decidió afrontar a
AT&T con una demanda millonaria por violar la privacidad de sus clientes.
Según EFF, el consorcio telefónico permitió a la Agencia Nacional de
Seguridad (ANS) del Pentágono intervenir su mayor base de datos, conocida como
Clave Daytona.
Por este nodo electrónico circulan diariamente más de 300 millones de
llamadas y cuatro mil billones de datos cibernéticos, de unas 25 millones de
cuentas residenciales, según las fuentes.
La demanda contra AT&T representa a todos los potenciales ciudadanos
estadounidenses afectados, y considera un eventual resarcimiento económico por
miles de millones de dólares.
Los clientes tenían la expectativa de que sus comunicaciones eran privadas, y
confiaron tal secreto a una compañía que, de un golpe de pluma, eliminó
garantías legales certificadas por el Congreso de Estados Unidos, indicó un
informe de la EFF.
La Casa Blanca comunicó que las audiencias sobre el polémico programa de
espionaje de Bush pueden no ser necesarias si el gobierno logra un "acuerdo de
información" con el Congreso.
Empero, muchos legisladores insistieron en criticar la ilegalidad del plan
federal, que no solicita autorización judicial para espiar conversaciones
telefónicas de ciudadanos marcados por la Casa Blanca como "presuntos
terroristas".
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