Con la economía en picado, el Gobierno insiste en la guerra de desgaste
contra los indocumentados
28 de octubre de 2008
El secretario de Seguridad Nacional quiere obligar a las empresas a comprobar
el estatus migrartorio de sus empleados. EFE
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Washington, 28 octubre 2008 (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) ha renovado sus esfuerzos por exigir que las empresas despidan a quienes
no puedan comprobar su estatus migratorio en EEUU, en momentos en que el país
afronta grandes presiones por el peligro de recesión.
El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, ha dejado en claro que
su agencia divulgará en las próximas semanas el reglamento "definitivo" para
obligar a las empresas a corregir las discrepancias en los documentos de Seguro
Social de sus empleados.
El reglamento original, presentado en agosto de 2007 y modificado en marzo
pasado, ha sido objeto de críticas de grupos empresariales y activistas
pro-inmigrantes, y de demandas aun pendientes en los tribunales.
En vez de afrontar el prolongado proceso de apelaciones, Chertoff ha optado
por incorporar nuevas modificaciones al reglamento.
Según explicó el secretario la semana pasada, el reglamento "definitivo"
responde a las objeciones que surgieron en los tribunales y será publicado en el
diario oficial del Gobierno (Federal Register) en las próximas semanas.
Esas modificaciones reflejan, por ejemplo, el análisis económico que hizo el
DHS sobre el reglamento y los procedimientos del Departamento de Justicia para
quienes violan la ley, pero no altera el alcance y contenido del programa
anunciado en 2007.
La idea de Chertoff es que los jueces levanten la suspensión vigente para que
el DHS pueda aplicar el reglamento "de inmediato".
Así, el Gobierno comenzaría a emitir cartas sobre la "incompatibilidad" de
los datos, conocidas en inglés como "no-match letters", a miles de empresas para
que corroboren el número de Seguro Social de sus empleados o corrijan cualquier
error o discrepancia.
Tal como estuvo previsto, las empresas tendrán un plazo de 90 días para
contestar a las cartas de advertencia que reciban por de la Administración del
Seguro Social.
Si, por el contrario, las empresas deciden tirar la carta al basurero,
afrontarán la pesadilla de fuertes multas y posibles acciones legales en su
contra.
Se calcula que unas 140.000 empresas en todo el país podrían recibir las
cartas, lo que afectaría a unos ocho millones de trabajadores.
Para Chertoff, con el nuevo reglamento las empresas "ya no podrán esconder la
cabeza en la arena, sino que tendrán que tomar medidas para asegurar que están
cumpliendo con las leyes".
Aún con la posibilidad de que el reglamento afronte una nueva ronda de
demandas, Chertoff ha advertido a los empresarios de que el DHS continuará
investigando y haciendo auditorías de los negocios, y recurriendo a informantes
para detectar la contratación de indocumentados.
En muchos casos, las redadas tienen su origen en alguna llamada anónima
recibida de empresas rivales o de empleados legales resentidos por la
competencia de trabajadores "sin papeles".
Las leyes federales prohíben la contratación de personas que no tienen
permiso legal para trabajar en EEUU, y el DHS se ha dado a la tarea de castigar
-principalmente mediante multas y redadas- a las empresas que continúan
contratándolas.
"Si se trata de un error inocente, tiene que ser corregido... pero si no hay
una explicación inocente y alguien está usando documentos falsos y no está
autorizado para trabajar, entonces tienes que asegurarte de que estás cumpliendo
con la ley", explicó Chertoff.
Es un eufemismo para el despido de las personas que no pueden comprobar su
estatus legal en el país.
El reglamento afronta la férrea oposición del empresariado y de grupos como
la Cámara de Comercio de EEUU, que alegan que el reglamento tendrá un impacto
negativo en sus negocios.
Un editorial del diario "Miami Herald" indicó hoy que la insistencia del DHS
en poner en marcha el reglamento tendrá un efecto devastador para millones de
trabajadores inmigrantes en los sectores agrícola, de construcción y de
servicios, "en un momento en que la economía estadounidense no se puede dar el
lujo" de perder empleados.
Pero el Gobierno de Washington, y grupos conservadores afines, consideran
que, al secarse las fuentes de trabajo, los extranjeros "sin papeles" no tendrán
más remedio que regresar voluntariamente a sus países de origen.
En general, las cartas del Seguro Social siempre se utilizaron para
verificación de ingresos y nunca antes contra la inmigración ilegal.
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