Derechos humanos: el gobierno de Bush en el banquillo de los acusados
La Jornada
18 de febrero de 2009
La encuestadora Gallup indicó que dos tercios de estadounidenses
entrevistados están a favor de una investigación oficial sobre los delitos que
pueda haber cometido el gobierno del ex presidente en su "guerra contra el
terrorismo". Del total, 38% se inclinan por una investigación penal y, 25%, por
una comisión independiente.
Nueva York. Cada vez más estadounidenses reclaman una investigación
oficial de los delitos que pueda haber cometido el gobierno del ex presidente
George W. Bush en su "guerra contra el terrorismo".
Pero políticos y abogados se muestran divididos al respecto. Y el presidente
Barack Obama parece ambivalente.
Obama dijo que "nadie está por encima de la ley, y si hay instancias claras
de faltas, esa gente debería ser juzgada como cualquier ciudadano común". "Pero,
hablando en general, estoy más interesado en mirar hacia delante que en mirar
hacia atrás", agregó.
Antes de su nombramiento como fiscal general de Obama, Eric Holder parecía
más firme sobre la eventualidad de juicios.
"Nuestro gobierno autorizó el uso de la tortura, aprobó la vigilancia
electrónica secreta contra ciudadanos estadounidenses, detuvo en secreto a
ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal, negó el habeas
corpus a cientos de acusados de combatientes enemigos y autorizó los
procedimientos que violan tanto el derecho internacional como la Constitución de
Estados Unidos… Le debemos una admisión al pueblo estadounidense", dijo.
Pero en su audiencia de confirmación ante el Senado, Holder atemperó sus
respuestas para acercarse a la posición de Obama.
La encuestadora Gallup indicó esta semana que dos tercios de los
estadounidenses entrevistados están a favor de una investigación oficial sobre
las faltas en la era de Bush. Del total, 38 por ciento se inclinan por una
investigación penal y, 25 por ciento, por una comisión independiente.
Inicialmente, el presidente se abstuvo de formular comentarios sobre una
propuesta del presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick
Leahy, de constituir una "comisión de la verdad" similar a las creadas tras el
apartheid en Sudáfrica o de dictaduras en América Latina.
Esta comisión estaría a cargo de investigar abusos a detenidos y otros
mecanismos violatorios de los derechos humanos inspirados políticamente en el
Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush.
Obama dijo entonces desconocer la propuesta de Leahy, aunque no la descartó
explícitamente.
Tal "comisión de la verdad" es una de varias ideas de quienes pretenden
revisar el pasado, limpiar el sistema judicial y restaurar la reputación del
país en el mundo.
Leahy dijo que el objetivo primordial de la comisión será conocer la verdad
más que juzgar a ex funcionarios, pero señaló que la investigación debería ir
mucho más allá de los delitos en el Departamento de Justicia, para incluir la
inteligencia antes de la guerra de Irak y acciones del Departamento de
Defensa.
Tal comisión de la verdad, al igual que la sudafricana, tendría poder para
citar testigos y acusados, pero no para determinar condenas, explicó.
Este equipo debería investigar el despido de fiscales estadounidenses que se
resistían a aceptar órdenes que consideraban ilegales, maltratos y torturas a
detenidos sospechosos de terrorismo y la autorización de escuchas telefónicas
sin orden judicial, según Leahy.
También indicó que a los testigos se les podría conceder inmunidad judicial
limitada para facilitar su testimonio.
Otros demócratas exigieron el procesamiento penal de quienes autorizaron
mecanismos cuestionados en la guerra contra el terrorismo.
Los republicanos han replicado que las decisiones adoptadas tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 -que acabaron con 3 mil vidas
en Nueva York y Washington- no deberían ser cuestionados a
posteriori.
Una medida posiblemente más fuerte fue propuesta por el presidente del Comité
Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, y otros
nueve legisladores.
El proyecto implicaría la creación de una Comisión Nacional sobre Poderes
Presidenciales de Guerra y Libertades Civiles, con poder de citación a testigos
y un presupuesto de unos tres millones de dólares.
Esa comisión investigaría asuntos que van desde maltratos a detenidos hasta
el uso de métodos de tortura como el waterboarding o
submarino, pasando por las "entregas extraordinarias"
(extraordinary renditions) clandestinas de prisioneros a países
conocidos por violar los derechos humanos.
Los miembros de este equipo procederían de fuera del gobierno y serían
designados por el presidente y líderes parlamentarios de los dos partidos.
Se trataría de un organismo similar a la Comisión 9/11, creada luego para
examinar el fracaso del gobierno en prever los atentados de 2001. La
investigación de esa comisión no condujo al juicio de ningún funcionario.
Organizaciones de derechos humanos y abogados proponen iniciativas más
contundentes.
Amnistía Internacional lanzó una campaña de presión a los legisladores para
que investiguen los abusos del gobierno de Estados Unidos en la guerra contra el
terrorismo y lleven a juicio a los responsables.
La organización pide al presidente Obama y al Congreso que creen una comisión
independiente e imparcial para examinar el uso de las torturas, las detenciones
indefinidas, las entregas extraordinarias y otras políticas antiterroristas
ilegales.
Sin embargo, Amnistía no ve contradicciones entre un organismo como la
Comisión 9-11 y otro "de verdad y reconciliación".
"No creo que los dos enfoques sean excluyentes. Ambos pueden avanzar al mismo
tiempo. Las inmunidades no deben ser absolutas", dijo Tom Parker, de
Amnistía.
Marjorie Cohn, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, rechaza la
creación de una "comisión de la verdad".
"Como dijo el presidente Obama, 'nadie está por encima de la ley'. El fiscal
general debería designar a un juez especial que investigue y enjuicie a
funcionarios del gobierno de Bush y a abogados que establecieron la política que
propició crímenes de guerra", dijo Cohn.
"Las comisiones de verdad y reconciliación son usadas por democracias
nacientes o en transición. Dar inmunidad a testigos asegura que los responsables
de torturas y abusos y que los espías ilegales nunca sean llevados a la
justicia", agregó.
"Las inmunidades podrían comprometer un juicio penal, como demuestra la
experiencia del caso Irán-Contras", dijo Peter M. Shane, profesor de derecho de
la Universidad Estatal de Ohio. "Las democracias dependen de una impasible
comprensión del pasado".
Una comisión de la verdad para investigar a poderosos funcionarios
constituiría una "liviandad judicial" frente al riguroso enjuiciamiento de
"acusados por narcotráfico y delitos no violentos arrojados promiscuamente en
superpobladas prisiones", dijo Brian J. Foley, profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Boston.
El constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, cree que
el gobierno de Obama o el Congreso "deberían, como mínimo, designar una comisión
independiente, bipartidaria y selecta, para investigar y determinar
responsabilidades por la adopción de políticas coactivas de interrogatorios de
Estados Unidos".
Esta divergencia de puntos de vista coloca a Obama en una posición
incómoda.
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