Viernes 30 de junio de 2006
Declara ilegales los tribunales para Guantánamo creados por el mandatario de EU
Falla la Suprema Corte contra poderes extraordinarios de Bush
El presidente se ha atribuido autoridad a niveles dictatoriales, sostienen
expertos en derecho
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
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Un musulmán prisionero ora en Guantánamo, el martes
pasado Foto Ap |
Nueva York, 29 de junio. En un revés para los poderes extraordinarios que se
atribuye la presidencia de George W. Bush, la Suprema Corte falló hoy que el
mandatario excedió su autoridad legal cuando ordenó la creación de tribunales
especiales -las llamadas "comisiones militares"- para detenidos en Guantánamo.
En esencia, el fallo establece que el presidente no cuenta con la autoridad
para hacer lo que desea con los detenidos, y que éstos sí tienen ciertos
derechos legales básicos bajo la ley federal e internacional, ya que están en
manos estadunidenses.
El caso particular fue presentado a nombre de Salim Ahmed Hamdan, ciudadano
de Yemen, quien trabajó de chofer para Osama Bin Laden; ha estado detenido
durante cuatro años en Guantánamo y estaba por ser sujeto a los tribunales
militares establecidos por el gobierno de Bush. La Suprema Corte falló hoy que
estos juicios son ilegales bajo las leyes estadunidenses, en particular las
establecidas por la ley castrense y las Convenciones de Ginebra.
El caso es una segunda derrota para las medidas aplicadas por el gobierno en
su lucha "antiterrorista", ya que hace dos años la Suprema Corte rechazó
argumentos del gobierno de que cuenta con la autoridad para detener a
sospechosos de "terrorismo" y negarles indefinidamente el derecho de acceso a
tribunales o abogados.
Aunque el fallo no afecta de manera directa la detención de Hamdan y otros en
Guantánamo, sí obliga a que se les otorguen garantías básicas establecidas por
la ley para enjuiciar a los prisioneros. El presidente enfrenta ahora varias
opciones, incluyendo presentar los casos ante tribunales militares establecidos
o ante tribunales federales, o buscar que el Congreso le otorgue la autoridad
legal para proceder con los tribunales militares especiales.
De hecho, el liderazgo republicano del Senado, al conocerse el fallo, anunció
de inmediato su intención de formular una legislación para otorgar la autoridad
al presidente a establecer los tribunales militares especiales.
Buscan revertir dos siglos de jurisprudencia
En comentarios iniciales sobre el fallo, Bush indicó que examina esta última
opción, al declarar que está dispuesto a trabajar con el Congreso para
establecer un tribunal para los detenidos, y acatar a la vez el fallo de la
Suprema Corte.
Con todo, defendió sus acciones, y reiteró: "estamos en guerra contra el
terror; estas personas fueron detenidas en campos de batalla, y yo protegeré al
pueblo y, a la misma vez, me conformaré con el fallo de la Suprema Corte".
El caso, a la vez, revela la reinterpretación radical de la Constitución y
del derecho internacional que ha realizado el gobierno de Bush para atribuir
poderes extraordinarios a la rama ejecutiva desde el 11 de septiembre, la cual,
según abogados dentro y fuera del gobierno, no tiene precedente en la historia
de Estados Unidos.
Con su incesante repetición de que "estamos en guerra contra el terror" y,
por tanto, toda autoridad está depositada en el Ejecutivo, el gobierno de Bush
ha logrado ampliar el poder presidencial a niveles alarmantes, opinan varios
expertos.
En un amplio reportaje publicado por The New Yorker esta semana, esta
estrategia legal tiene un nombre: "el Nuevo Paradigma". Esta visión legal,
sostiene la revista, "se fundamenta en una lectura de la Constitución que pocos
comparten: que el presidente, como comandante en jefe, tiene la autoridad de
hacer caso omiso virtualmente de todos lo límites legales previamente conocidos,
si así lo demanda la seguridad nacional. En ese contexto, estatutos que prohíben
la tortura, la detención secreta y la vigilancia sin orden judicial han sido
hechos a un lado".
Scott Horton, profesor de la escuela de leyes en la Universidad de Columbia y
jefe del Comité de Ley Internacional de la Asociación de Abogados de Nueva York,
declaró a The New Yorker que los abogados de la presidencia han intentado
"revertir dos siglos de jurisprudencia definiendo los límites del Poder
Ejecutivo. Han hecho de la guerra un asunto de poder dictatorial".
Bruce Fein, activista legal republicano que votó por Bush y fue subprocurador
general asistente en el Departamento de Justicia durante la presidencia de
Ronald Reagan, comentó a la revista que este gobierno "ha asumido poderes que
están a un universo más allá de cualquier otro gobierno. Este presidente ha
hecho declaraciones que son bastante alarmantes", y señaló que en esencia Bush
ha determinado que no hay límites sobre su poder para llevar a cabo esta guerra.
"Sus poderes de guerra le permiten declarar a cualquiera como combatiente
enemigo. Todo el mundo es un campo de batalla... tiene el sentido de Luis XIV:
'yo soy el Estado'."
Es frente a todo esto que abogados y agrupaciones de derechos humanos y
civiles han intentado denunciar y promover casos como el de hoy, oficialmente
conocido como Hamdan versus Rumsfeld, para intentar restablecer límites
constitucionales.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, una de
las organizaciones que participó en el caso contra el gobierno y que representa
a unos 200 detenidos en Guantánamo, elogió la decisión de hoy, y declaró que el
fallo "dice al gobierno que ellos ya no pueden decidir de manera arbitraria qué
desean hacer con la gente. (La decisión de la Suprema Corte) sostuvo el imperio
de ley en este país y determinó que el Ejecutivo había sobrepasado la ley
constitucional y la internacional".
Human Rights Watch también elogió el fallo, y subrayó que éste implica que
las Convenciones de Ginebra sí son aplicables a la llamada guerra contra el
terror, y por tanto todo detenido tiene ciertos derechos humanos garantizados,
por lo cual el gobierno de Bush no puede actuar más allá de la ley.
Unos 14 detenidos en Guantánamo, incluido Hamdan, enfrentan juicios por las
llamadas comisiones militares. Las autoridades estadunidenses habían informado
que estaban por presentar cargos formales contra 75 detenidos más, de unos 450
encarcelados allí.
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