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ESTADOS UNIDOS:
Rumsfeld al banquillo, pide Human Rights Watch
Por William Fisher
NUEVA YORK, 25 abr (IPS) - El gobierno de Estados Unidos debe designar un
fiscal independiente para que investigue la responsabilidad de militares de alto
rango y autoridades civiles en las torturas cometidas en el marco de la ”guerra
contra el terrorismo”, afirmó la organización humanitaria Human Rights Watch
(HRW).
”Crece la evidencia de que altos líderes civiles y militares estadounidenses,
incluyendo al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el ex director de la CIA
(Agencia Central de Inteligencia), George Tenet, el ex comandante en jefe de las
tropas en Iraq, Ricardo Sánchez, y el ex comandante del campamento de
prisioneros en la base militar de Guantánamo, Cuba, Geoffrey Millar, tomaron
decisiones que facilitaron y propagaron las violaciones de la ley”, alegó ese
grupo estadounidense.
El informe ”¿Tortura sin castigo? Responsabilidad de mando por el maltrato de
Estados Unidos a detenidos” salió a la luz este lunes, tres días antes de que se
cumpla el primer año de la divulgación mundial de una serie de fotografías
documentando torturas cometidas por soldados de Estado Unidos en la prisión
iraquí de Abu Ghraib.
HRW sostuvo que, un año después, ”un muro de impunidad aún rodea a los
arquitectos de las políticas responsables de los abusos”.
El presidente del independiente Centro por los Derechos Constitucionales, con
sede en Nueva York, Michael Ratner, apoyó el pedido de HRW.
”Hay una conspiración de las autoridades que aprobaron y colaboraron con la
tortura para ocultarla”, dijo a IPS.
El ejército estadounidense anunció la semana pasada que exoneró a Sánchez de
toda responsabilidad por las torturas cometidas en Abu Ghraib, que causaron la
indignación mundial el año pasado.
Por su parte, el Departamento de Defensa señaló que Rumsfeld nunca autorizó
ni condonó los malos tratos.
HRW instó al procurador general, Alberto Gonzales, a que ”designe un fiscal
especial para investigar a cualquier autoridad estadounidense, sin importar su
rango ni posición, que pudiera haber participado, ordenado o tenido cualquier
responsabilidad de mando por los crímenes de guerra, torturas u otros abusos
cometidos a prisioneros bajo custodia estadounidense”.
La doctrina de la responsabilidad de mando hace que los superiores den cuenta
por los abusos cometidos por sus subordinados, si no tomaron las medidas mínimas
para detenerlos.
HRW sostiene que hay suficiente evidencia de que eso ocurrió en relación con
los abusos de Abu Ghraib y Guantánamo, aunque la práctica de torturas era
conocidas por los superiores.
Por otra parte, la organización defensora de los derechos humanos pidió que
las investigaciones queden fuera del ámbito del Departamento de Justicia, pues
Gonzales fue uno de los que aprobó las técnicas de interrogatorio aplicadas en
Iraq y que violaron la ley internacional.
Gonzales, ”como jefe del Departamento de Justicia, estuvo muy involucrado en
las políticas que derivaron en los crímenes denunciados, y por eso no debería
estar en un conflicto de intereses, pues él también podría tener un grado de
responsabilidad”, sostuvo HRW.
Las normas del Departamento de Justicia exigen la designación de un fiscal
independiente cuando existe un conflicto de intereses.
HRW también recomendó al Congreso la creación de una comisión especial para
investigar las torturas, como lo hizo para analizar los pasos del gobierno tras
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y
Washington.
La organización acusó a Rumsfeld y otras autoridades de haber aprobado
métodos coercitivos como obligar a los prisioneros a desnudarse y a colocarse en
posiciones humillantes, y someterlos a intimidaciones con perros.
Ese tipo de torturas, inicialmente ideadas para el centro de detención en
Guantánamo, se aplicó sin restricciones en Afganistán e Iraq, a pesar de las
condenas de Washington a tales prácticas por parte de otros gobiernos, señaló el
grupo.
HRW también denunció la ”desaparición” de detenidos que estaban bajo custodia
estadounidense y condenó la prolongada incomunicación en lugares secretos de
sospechosos acusados de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda (La Base), a la
que Washington considera resposnable de los atentados de septiembre de 2001.
”Las autoridades condenaron las torturas, subrayaron el compromiso de Estados
Unidos en el respeto a los derechos humanos y abrieron la puerta a una serie de
investigaciones por los crímenes cometidos contra los prisioneros en Afganistán
e Iraq. Sin embargo, hasta ahora, sólo soldados de bajo rango y sargentos han
sido llamados a declarar”, señaló la organización.
El grupo reconoció que el Departamento de Defensa ordenó al menos siete
investigaciones por lo ocurrido en Abu Ghraib, pero subrayó que ninguna contó
con la independencia necesaria para ir hasta el fondo.
”Para los investigadores del Pentágono (Departamento de Defensa), el
tratamiento que siguió a políticas y técnicas de interrogatorio aprobadas no
pudo, por definición, haber sido tortura. Con este razonamiento, se consideraron
incapaces de encontrar cualquier conexión entre las políticas aprobadas por las
autoridades y los malos tratos. Pero esto no significa que las torturas no
existieron”, señaló HRW. (FIN/2005)
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