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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
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En riesgo. Algunos abogados estiman que el plan de deportar a pandilleros es muy estricto, pues podría afectar a sus parientes. (AP)

Plan migratorio pide deportar a pandillas

También propone que se expulse a quienes estén relacionados con ellas

Agustín Durán
agustin.duran@laopinion.com
01 de junio de 2007

Una coalición de organizaciones y firmas de abogados denominada Detention Watch Network (DWN) denunció ayer que la propuesta de inmigración que se debate actualmente en el Senado haría deportables no sólo a quienes sean pandilleros o tengan antecedentes criminales sino a las personas que se crea estén relacionadas con ellos, aunque no existan pruebas.

Los representantes legales reunidos afuera del edificio de Inmigración en Los Ángeles subrayaron que es necesario cambiar una serie de normas dentro de la iniciativa de las que hasta el momento no se ha hablado. De lo contrario, subrayaron, la nueva reforma no tendrá nada de amplia y, lejos de ayudar, afectaría a más gente.

"En la sección 2 hay una norma que hace deportables en forma inadmisible a pandilleros y personas asociadas con ellos. El problema es que no se tiene que probar que verdaderamente un individuo es o está en asociación con un delincuente para ser descalificado", expresó John Ayala, abogado y presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

"Esto podría afectar incluso a personas que ya son residentes y familias que puedan calificar para la Visa Z", enfatizó Ayala, quien agregó que, además, la norma permitiría el perfil racial, ya que los latinos o asiáticos podrían ser señalados por las autoridades por el simple hecho de parecer, vestirse o ser sospechosos de tener nexos pandilleriles.

Los defensores legales indicaron que en esta norma se pueden incluir violaciones a la ley desde hace 30 años, o sea que hasta personas que tuvieron un momento difícil en su juventud, pero que ahora ya se han reformado, podrían quedar fuera de la jugada migratoria.

El padre Richard Estrada, fundador de Jóvenes Inc, organización que ayuda y rehabilita a los jóvenes que se meten en problemas con la ley, indicó que esta norma podría ser crucial para miles de jóvenes

"Hubo miles de muchachos que fueron traídos a temprana edad a Estados Unidos y durante su juventud tuvieron errores pequeños, pero no por eso podemos castigarlos de esa forma", expresó el religioso. "Esta —reforma— lejos de unir, separará familias, porque hay jóvenes que si bien sí pertenecieron a pandillas, no hicieron nunca nada grave, pero ahora ya están regenerados".

Stacy Tolchin, abogada de inmigración y parte de la coalición, expresó que dentro de esta norma los familiares de un joven pandillero que nunca han tenido que ver con las pandillas pudieran verse afectados y posiblemente no podrían cumplir los requisitos para legalizarse si no se cambian las disposiciones de la propuesta actual.

En la conferencia que se realizó en Nueva York, San Francisco, Austin, Miami y Los Ángeles en forma simultánea, también se cuestionaron las normas que dejarían a las personas detenidas en forma indefinida, en caso de no poder ser deportadas a su país de origen.

"La norma indica que si una persona detenida tiene enfermedades, o delitos menores que pagar, pero no puede ser deportado al país donde nació, entonces podría permanecer detenido en forma indefinida", expresó Tolchin.

La abogada subrayó que este tipo de disposiciones violan los derechos humanos, porque la Suprema Corte de Justicia indicó que es inconstitucional mantener detenido más de seis meses a un individuo que no haya cometido un crimen o esté pagando una sentencia.

Por otro lado, Amalia Molina, de la organización para familias con parientes encarcelados Restauración de Justicia, pidió un alto a las redadas, medida que ha separado a miles de familias y dejado a miles de niños a merced de los condados.

"Necesitamos proteger a los pequeños. Los niños quedan bajo la tutela del sistema gubernamental porque sus padres desaparecen, mientras que lo único que logramos es separar a las familias. Necesitamos levantar la voz para detener estas redadas", explicó Molina.

Los defensores legales expresaron que mientras la reforma amplia trata de sacar a los inmigrantes de las sombras de la sociedad, las normas de las que no se ha hablado hasta ahora, pero son parte de la iniciativa de 500 páginas, mantendrán a miles o posiblemente millones de personas en la oscuridad, sin oportunidad de arreglar su situación legal.

"Estas normas minimizan la intención de que la reforma sea una vía para reunir familias; además, quitan el derecho a una audiencia justa, legalizan la detención indefinida de persona no ciudadanas, permiten bases militares ser utilizadas como centros de detención y convierte a la policía local en agentes de migración", enfatizó Tolchin.


 

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