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28-09-2006
Redefinirá de manera unilateral las Convenciones de
Ginebra y declaraciones logradas mediante la crueldad serán aceptadas en un
proceso
El Congreso de Estados Unidos, a un paso de
legalizar la tortura y anular pilares de la Constitución
David Brooks
La Jornada
El gobierno de George W. Bush está por lograr su objetivo de
legalizar la tortura y anular uno de los pilares de los sistemas legales
occidentales, redefiniendo unilateralmente con ello las Convenciones de Ginebra
y revertir un principio legal más antiguo que la Carta Magna del siglo XIII.
El Congreso estadunidense considera aprobar esta semana un
proyecto de ley que autoriza la tortura y anula el derecho de los acusados de
enfrentar las pruebas ante un tribunal, conocido como habeas corpus, para
toda persona que el poder Ejecutivo designe como "combatiente ilegal", o sea, a
quien sea acusado por el presidente de ser y/o apoyar el "terrorismo".
Durante semanas la Casa Blanca promovió un proyecto para
legalizar algunas técnicas de tortura (las llama "métodos de interrogación"),
con el propósito de proteger a militares y agentes de la CIA ante potenciales
acusaciones de violación de las leyes de crímenes de guerra y las propias
Convenciones de Ginebra. Después de sufrir un serio revés en este intento cuando
tres prominentes senadores republicanos se rebelaron y rechazaron la medida la
semana pasada, la Casa Blanca realizó una negociación para lograr un acuerdo y
hoy los legisladores indicaron que esperan un voto esta misma semana.
Si prospera este proyecto, la cúpula política de este país habrá
aceptado la tortura como algo legítimo y legal. Además, bajo esta misma ley, se
permitirá que pruebas adquiridas bajo coerción sean usadas para fiscalizar a
"combatientes enemigos", y permite que el Ejecutivo designe, a su discreción,
quién es un "combatiente extranjero ilegal" (incluyendo ciudadanos
estadunidenses) o quién los apoya, y con ello sujetarlos a detención indefinida
sin recurso a un tribunal.
Este proyecto también anularía, en el caso de los "combatientes
ilegales", un fundamento del sistema legal estadunidense, de hecho, un concepto
legal más antiguo que la Carta Magna del año 1215 y consagrado en la
Constitución estadunidense: el derecho del acusado a ver todas las pruebas en su
contra ante un tribunal. En junio de 2004, la Suprema Corte falló que este
derecho -contra la opinión de la Casa Blanca- es extensivo a los detenidos en
Guantánamo. Ahora, si se aprueba esta ley, los detenidos por la CIA o las
fuerzas armadas bajo esta clasificación no podrán cuestionar ante un tribunal
las razones por su detención, ni denunciar las condiciones de su tratamiento
hasta después de ser procesados por tribunales de excepción.
Condena de ONG
Defensores de derechos humanos y expertos constitucionales
denuncian estas medidas. Los cinco enviados independientes de la Organización de
Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta hace cinco días declarando
que las medidas en este proyecto, como la existencia del centro de detenciones
en Guantánamo, violan las Convenciones de Ginebra.
Human Rights Watch alertó que bajo estas medidas no habrá
recurso legal para los detenidos que deseen denunciar la tortura y queda
prohibida cualquier demanda legal por los detenidos invocando las Convenciones
de Ginebra contra el gobierno estadunidense. La organización señaló que "por
primera vez en la historia estadunidense... el Congreso permitirá que algunas
declaraciones logradas a través de la interrogación cruel, inhumana y degradante
sean permitidas" en los procesos judiciales
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos
Constitucionales (CCR) dijo que esta versión del proyecto "permite que el
presidente Bush emita su propia interpretación de las Convenciones de Ginebra
por orden Ejecutiva e inmuniza a personal de la CIA y militar contra procesos
legales por violaciones anteriores de estas convenciones". Señaló que no sólo
anula el derecho constitucional fundamental de habeas corpus para
cuestionar la legalidad de una detención, sino que "el simple hecho de que el
presidente designe a alguien como 'combatiente enemigo', permitirá que el
presidente lo encierre; su inocencia sería irrelevante".
De hecho, el director legal de CCR, Bill Goodman, advirtió hoy
que "la amplia definición de combatientes enemigos (en el proyecto) puede
implicar que casi cualquiera que se opone activamente al presidente o al
gobierno, puede ser encarcelado de manera indefinida; es una burla al imperio de
ley". Hasta los propios abogados de esta organización -algunos de los cuales
ofrecen representación legal a detenidos en Guantánamo- podrían ser detenidos
bajo esta propuesta, comentó.
Ratner señaló que "la abolición del habeas corpus es el
equivalente de una autorización de detención ejecutiva; una de las
características de un Estado policiaco". Agregó que este acuerdo "otorga
amnistía a aquellos en el gobierno que podrían ser culpables de crímenes de
guerra, igual que intentaron hacer Argentina y Chile durante sus 'guerras
sucias'. Eso es ilegal bajo el derecho internacional".
Se han realizado más de 24 mil interrogatorios a unos 800
detenidos sólo en Guantánamo en los últimos cuatro años (sin contar los que
están en cárceles clandestinas de la CIA en varios puntos del planeta). Según
reportó el Nacional Journal en febrero de este año, ahí se han aplicado
toda una gama de técnicas para los que no cooperan, entre ellas estar encadenado
con una luz intermitente obligado a escuchar a Britney Spears o Metallica a todo
volumen, interrogatorios de 16 horas seguidas, o despertado constantemente para
ser trasladado a otra celda, interrogado en condiciones heladas, acariciado por
una mujer que repetía una y otra vez que no hay esperanza; todas, técnicas
"aceptables".
Pero también se han empleado tácticas "inaceptables" como en el
caso del "detenido 063", este hombre fue sujeto al aislamiento prolongado
durante 160 días en una celda constantemente bañada de luz, interrogado 18 a 20
horas diarias durante un periodo de 54 días, amenazado con perros, se le puso
ropa interior de mujer, fue tratado como perro, desnudado frente a mujeres, se
le decía que su madre y hermana eran prostitutas y que él era gay. Todo
esto ocurrió antes de Abu Ghraib. Y mucho de esto, si prospera esta legislación,
será legal.
Cuando en junio la Suprema Corte falló que las Convenciones de
Ginebra sí protegen a todo detenido en la llamada "guerra contra el terrorismo",
el gobierno de Bush intensificó sus esfuerzos para "legalizar" toda una gama de
prácticas que, había insistido, eran "herramientas vitales" en el combate contra
el "terrorismo", incluyendo los centros de detención clandestinos (declarados
inconstitucionales en el mismo fallo por la Suprema Corte); las "técnicas" de
interrogación de detenidos; las intervenciones en comunicaciones electrónicas y
más, todos programas secretos que fueron subsecuentemente revelados por
filtraciones a los medios. Esta semana podría triunfar su esfuerzo.
¿Por qué tanta prisa? El columnista Bob Herbert del New York
Times sugiere: "una de las grandes preocupaciones de este gobierno es la
posibilidad de que surjan pruebas que podrían llevar a acusaciones de crímenes
de guerra contra altos funcionarios". Añadió: "el gobierno de Bush está
espantado de que eventualmente tendrá que pagar un alto precio por los abusos de
derechos humanos que ha ordenado o condonado en su llamada guerra contra el
terror".
El profesor Christopher Pyle, experto en la presidencia y la
Constitución de la universidad Mount Holyoke, señaló que "la propuesta es un
proyecto de amnistía para torturadores".
"Lo que hemos visto durante los últimos años ha sido una versión
de pesadilla de Estados Unidos. ¿Tortura? ¿Prisiones secretas? ¿Juicios de pena
de muerte en donde las pruebas no son presentadas al acusado? Eso es algo de
Kafka, no de Madison y Jefferson", escribió Bob Herbert en el Times.
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