Donde la tortura comienza y termina
La tortura no empieza en alguna celda remota, oscura y subterránea, donde
encapuchan a los prisioneros y sus interrogadores se enmascaran. La tortura
surge del temor que opaca la visión y empieza con documentos, con líderes
gubernamentales y militares bien vestidos y uniformados reunidos en sesiones a
puerta cerrada ejecutando justificaciones defectuosas, realizando autorizaciones
secretas y cometiendo abusos de poder.
Los ataques del 11 de septiembre no sólo desataron un gran trauma sobre
nuestra nación; también se les explota para presentar un sentido distorsionado
de la seguridad nacional – al punto que llega a proponer que la manera de
proteger la libertad y la democracia es violando la libertad y la
democracia.
En los años desde los ataques, hemos tenido debates de distracción en torno a
la definición de lo que es tortura para merodear alrededor de lo que se ha
permitido durante el gobierno de Bush: violaciones a los derechos humanos. Desde
Abu Ghraib hasta el rechazo de Alberto Gonzales a las protecciones de la
Convención de Ginebra a la entrega a terceros países y de “sitios ocultos”,
hasta las descripciones de los detenidos por EE.UU. aterrorizados con perros,
golpeados y quemados, y peor, a interrogatorios de tortura disfrazada para "no
dejar marcas”, a los líderes del gobierno no se les ha llamado a responder sobre
estos abusos.
Estos funcionarios son parte del mismo gobierno que ha estancado el
suministro de información al público. En virtud a una orden judicial, el
gobierno federal pronto tendrá que producir notas sobre ‘waterboarding’ y otros
métodos de tortura utilizados por la CIA o explicar por qué deben mantenerse en
secreto. La orden es en respuesta a una demanda de la Unión Americana de
Libertades Civiles presentada para solicitar registros sobre el tratamiento de
los detenidos.
Para las víctimas de tortura, no hay día de juicio. ¿Adónde está el recurso
para personas como Khaled el-Masri, un ciudadano alemán presuntamente
secuestrado y torturado por agentes de los Estados Unidos? La Corte Suprema le
negó la oportunidad de incluso presentar su caso.
Hoy, en nuestras columnas de invitados, campeones de los derechos humanos
hablan de los peligros que se corren al no hacer que el gobierno se
responsabilice de las violaciones a los derechos humanos. Y pronto, el Centro de
Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en ingles) presentará sus
recomendaciones para restaurar la reputación internacional de los Estados Unidos
como un estado democrático y constitucional.
La restauración que el próximo presidente y el Congreso, con la presión del
pueblo, debe incluir la derogación de la Ley de Comisiones Militares. Esta ley,
al reconocer pruebas obtenidas mediante tortura que un sinnúmero de expertos han
dicho no es fiable, deja espacios abiertos para más violaciones a los derechos
humanos.
El año pasado, el Presidente Bush emitió una orden ejecutiva que interpreta
los artículos de la Convención de Ginebra. Esta orden no aclara en qué técnicas
puede o no participar legalmente la CIA. Esta orden también debe ser
derogada.
El próximo Presidente y al Congreso también deben cambiar una cultura que
sirve al presidente a una que protege los derechos constitucionales y los
humanos.
La eliminación de la falsa fachada de la justificación de la tortura debe ser
una alta prioridad. Y lo mismo debe hacerse en la rendición de cuentas. Tiene
que haber una investigación completa sobre las violaciones a los derechos
humanos y tal como todos los demás delincuentes, los infractores deben ser
llevados ante la justicia.
El pueblo tiene que decirle no a la tortura y sí a la rendición de cuentas y
esto le incumbe y le incluye a usted, el lector. La presión del público tiene
ejercerse sobre los legisladores que permanecen pasivos frente a la peligrosa e
insidiosa dirección que este gobierno ha impulsado. Nadie está por encima de la
ley.
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