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27-01-2009
Donde los principios van para morir
En Estados Unidos, decir la verdad implica poner fin a tu carrera
Paul Craig Roberts
CounterPunch
Traducido para Rebelión por S. Seguí
“Las pruebas están ahí, encima de la mesa. No hay manera de no ver que esto
era tortura.”
Son las palabras de Manfred Nowak, funcionario de la ONU nombrado por la
Comisión de Derechos Humanos para estudiar los casos de tortura. Nowak ha
llegado a la conclusión de que el presidente Obama está legalmente obligado a
procesar al ex presidente George W. Bush y al ex secretario de Defensa Donald
Rumsfeld.
Si el equipo económico de banqueros del presidente Obama consigue acabar con
lo que queda de la economía estadounidense, Obama, con el fin de desviar la
atención del público de sus propios errores y de las crecientes dificultades de
los estadounidenses, podría cumplir con su responsabilidad de procesar a Bush y
Rumsfeld. Pero, por el momento, la pregunta pertinente es por qué los militares
de este país acataron órdenes ilegales.
En el número de diciembre de 2008 de CounterPunch, Alexander Cockburn, en su
artículo sobre un capítulo poco glorioso de la historia de la Harvard Law School
(Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard), nos proporciona la
respuesta. Dos hermanos, Jonathan y David Lubell, ambos estudiantes de Derecho
en Harvard, se oponían activamente a la Guerra de Corea. Era la época de
McCarthy, y ambos fueron llamados a declarar [ante un comité del Congreso]. Se
negaron a colaborar, alegando que el procedimiento constituía una violación de
la Primera Enmienda de la Constitución.
Inmediatamente, la Harvard Law School comenzó a presionar a los estudiantes
para que colaborasen con el Congreso. El resto de los estudiantes les hicieron
el vacío, y las presiones del decano y del claustro se convirtieron en amenazas.
Si bien los Lubell se licenciaron cum laude, no se les incluyó en la
Harvard Law Review, y les quitaron sus becas. Una mayoría de la facultad de
Derecho de Harvard votó a favor de su expulsión (la expulsión exigía la
aprobación de dos tercios.)
¿Por qué la Harvard Law School traicionó a dos estudiantes de brillante
expediente que defendían la Constitución de Estados Unidos? Cockburn llega a la
conclusión de que el claustro de profesores de la facultad de Derecho de Harvard
sacrificó los principios constitucionales a fin de no poner en peligro la
promoción en sus carreras con una actitud poco grata hacia el gobierno (y
también sin duda hacia los donantes.)
Cada día asistimos a actos de cobardía personal de este tipo. Recientemente,
hemos tenido el caso del intelectual judío y crítico de Israel Normal
Finkelstein, cuyo nombramiento como profesor fue bloqueado por el cobarde
presidente de la Universidad DePaul, un hombre incapaz de defender a sus propios
profesores ante el lobby israelí. Éste consiguió imponer con éxito a una
universidad católica el principio de que ningún crítico de Israel puede alcanzar
el profesorado académico.
Este mismo cálculo del propio interés hace que los periodistas
estadounidenses den curso a la propaganda de los gobiernos israelí y
estadounidense, y que el Congreso de Estados Unidos dé su aprobación a crímenes
de guerra que el resto del mundo condena.
Cuando los militares estadounidenses vieron que la tortura era una política
que venía directamente del más alto nivel, eran conscientes de que cumplir con
su deber les costaría sus carreras, por lo que recogieron velas. Uno que no lo
hizo fue el general de división Antonio Taguba. En lugar de encubrir el
escándalo de las torturas de Abu Ghraib, el general Taguba redactó un honesto
informe que puso fin a su carrera.
A pesar de la existencia de legislación que protege a los que denuncien las
violaciones de la ley, es siempre el denunciante, no el infractor, quien paga
las consecuencias. Cuando por fin se hizo público que el gobierno de Bush
infringía la legalidad del país cuando utilizaba la Agencia Nacional de
Seguridad (NSA) para espiar a los estadounidenses, el Departamento de Justicia
(sic) persiguió al denunciante, pero no movió un dedo contra los autores de
estos delitos.
Y, por si fuera poco, Bush y el Departamento de Justicia (sic) siguieron
afirmando que “somos un Estado de derecho.”
El gobierno de Bush estuvo fuera de la ley, lo que hace difícil que el de
Obama sea legítimo. Una investigación de las torturas conduciría naturalmente a
una investigación sobre crímenes de guerra. El general Taguba afirmó que el
gobierno de Bush cometió crímenes de guerra. El presidente Obama actuó como un
criminal de guerra el tercer día de su mandato, cuando dio la orden de que
aviones no tripulados cruzasen la frontera con Pakistán y asesinasen 20
personas, entre ellas tres niños. El bombardeo y ametrallamiento de hogares y
poblaciones de Afganistán a manos de fuerzas de Estados Unidos y de sus aliados
títeres de la OTAN son también crímenes de guerra. Obama no puede hacer cumplir
la ley, porque él mismo la ha violado ya.
Durante décadas, la postura del gobierno estadounidense ha sido que la
expansión territorial de Israel no se halla sometida a ninguna ley
internacional. El gobierno de Estados Unidos es cómplice de los crímenes de
guerra de Israel en Líbano, Gaza y Cisjordania.
Todo el mundo sabe que Israel es reo de crímenes de guerra, y que el gobierno
de EE UU hizo posibles esos crímenes al facilitar sus armas y apoyo diplomático.
Lo que Israel y EE UU hicieron en Líbano y Gaza no difiere de los crímenes que
llevaron a los nazis ante el Tribunal de Nuremberg. Los israelíes lo saben, y el
gobierno israelí está actualmente preparando su defensa, que dirigirá el
ministro de Justicia (sic) de Israel, Daniel Friedman. El enviado especial de la
ONU para los derechos humanos en Palestina, Richard Falk, ha comparado la
masacre que ha perpetrado Israel en Gaza con el cerco por hambre y la masacre de
judíos del gueto de Varsovia. Por su parte, Amnistía Internacional y la Cruz
Roja han pedido que Israel sea inculpado de crímenes de guerra. Incluso ocho
grupos israelíes de derechos humanos han pedido una investigación de los
crímenes de guerra de Israel.
La orden presidencial de cerrar el penal de Guantánamo tiene poco valor.
Básicamente, se trata de una medida de relaciones públicas. El proceso judicial
ya había sido terminado por los tribunales estadounidenses y por abogados
militares, que se negaron a enjuiciar los montajes que les presentaban. La gran
mayoría de prisioneros eran infelices capturados por los señores afganos de la
guerra y vendidos a los estúpidos estadounidenses como “terroristas.” La mayor
parte de los prisioneros, que el gobierno de Bush nos vendió como “los hombres
más peligrosos del mundo”, ya han sido liberados.
La orden de Obama no dice nada del cierre de las cárceles secretas de la CIA,
o de poner fin a la práctica ilegal de las “entregas”, por las que la CIA
secuestra a personas y las envía a países del Tercer Mundo, como por ejemplo
Egipto, para que sean torturadas.
Obama debería tomar riesgos que los políticos oportunistas nunca toman, si
desea que Estados Unidos se convierta en un Estado de derecho en lugar de un
país en el que los intereses especiales se sitúan por encima de la ley.
La verdad es impronunciable en Estados Unidos. Es impronunciable en las
universidades; es impronunciable en los medios de comunicación; y es
impronunciable en los tribunales, que es la razón por la que los abogados han
renunciado pleitear y aceptan acusaciones por delitos inferiores que nunca
sucedieron.
Nunca pronuncia la verdad el Gobierno. Como Jonathan Turley dijo
recientemente, Washington es el lugar “donde los principios van para morir.”
Fuente: http://www.counterpunch.com/roberts01262009.html
Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en el gobierno de Ronald
Reagan. Es coautor del libro The Tyranny of Good Intentions (La tiranía de las
buenas intenciones). Puede contactarse en: paulcraigroberts@yahoo.com
S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta traducción
se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar
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