El DHS falla en objetivo de sus arrestos
Según GAO, no persigue delincuentes peligrosos, sino indocumentados con
delitos menores
Un agente de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) toma las
huellas de un detenido durante una redada en Santa Ana, en enero de 2007.[Foto:
AP] |
Lo que era un secreto a voces ayer fue confirmado por el propio gobierno: el
Departamento de Seguridad Interna (DHS) falló al vigilar la correcta aplicación
del programa 287g, que permite que policías locales y estatales persigan a
criminales peligrosos, lo que ha resultado en el arresto de miles de personas
por delitos menores.
El programa, a cargo de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE),
se encarga de entrenar a agentes de policía locales, a quienes otorgan
facultades para realizar el arresto de inmigrantes indocumentados bajo la
sospecha haber cometido delitos graves.
Sin embargo, ayer la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) del
gobierno federal dio a conocer un estudio que establece que dicho programa ha
carecido de la supervisión adecuada, lo que ha llevado al arresto de miles de
personas por cometer infracciones menores, como conducir a exceso de velocidad u
orinar en la vía pública.
El estudio, realizado por la GAO a solicitud de los Comités de Seguridad
Interna de las dos cámaras del Congreso, contactó a 29 de las 67 oficinas
gubernamentales que participan en este programa. Los resultados señalan que
durante el año pasado fueron arrestados 43,000 inmigrantes indocumentados,
incluyendo a 34,000 que quedaron bajo custodia de las oficinas de
inmigración.
De estos 34,000, el 41% enfrentó procesos legales de deportación; 44% firmó
la salida voluntaria del país, y 15% fue liberado por razones humanitarias, que
incluían factores como "la naturaleza menor del delito cometido", o el haber
sido sentenciados a prisión.
El reporte, aduciendo falta de información en la recolección de los datos, no
señala cuántos de los detenidos efectivamente habrían sido sospechosos de
cometer un delito grave.
De las 29 agencias entrevistadas, la mitad reportó algún tipo de preocupación
por parte de los miembros de la comunidad en torno a que el programa estaría
resultando en intimidación y discriminación racial.
El estudio fue realizado tras una intensa campaña realizada por
organizaciones de derechos humanos y activistas por los derechos de los
inmigrantes, quienes han exigido que se elimine el programa.
Durante una audiencia celebrada ayer por el Comité de Seguridad Interna de la
Cámara de Representantes, para revisar el programa 287g, el presidente del
mismo, el demócrata Bennie Thompson, dijo desconocer si el programa está siendo
eficaz.
"Sí sé que ha sido acusado de generar discriminación, y esa acusación nos
debe preocupar a todos", señaló el congresista, quien dijo que si bien ha
aumentado la popularidad del programa, es difícil determinar la eficacia del
mismo porque, según la GAO, ICE no ha recabado información confiable.
Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, consideró que si
bien el propósito del programa es identificar delincuentes peligrosos, la falta
de supervisión ha resultado en que se destinen los recursos a detener a
inmigrantes que no cuentan con antecedentes penales.
"Pensamos que se necesita no sólo una revisión exhaustiva del programa, sino
un compromiso por parte de la administración del presidente Obama sobre la
dirección de las políticas migratorias en este país, para asegurarnos de que
este tipo de programas no operen de manera errónea", dijo Vargas.
En esta imagen de abril de 2007, dos agentes de ICE arrestan a un
indocumentado con antecedentes penales en San Diego. [Foto:
EFE] |
La portavoz recordó que desde hace varios meses los grupos de defensa de los
derechos de los inmigrantes han pedido la suspensión del programa 287g por
razones humanitarias, pero reconoció que la reacción en este momento obedece a
un contexto económico, "a sabiendas de que tantas localidades están enfrentando
miles de demandas muy costosas y eso es lo que los ha llevado a cuestionar la
efectividad del programa".
Por su parte, Joanne Lin, asesora legal de la Unión Americana de Libertades
Civiles (ACLU), coincidió en que el gobierno federal debe ordenar la suspensión
del programa y ordenar una revisión exhaustiva de todos los acuerdos suscritos
con ICE. "Mientras no se resuelvan todas las dudas e interrogantes de los
legisladores sobre la aplicación y eficacia del programa, lo más sabio es que lo
suspendan", señaló.
Michael Keegan, portavoz de ICE, dijo que la secretaria de Seguridad Interna,
Janet Napolitano, realiza una amplia revisión de estos programas, políticas e
iniciativas, "especialmente con el programa 287g".
"El departamento da la bienvenida al reporte de la GAO (…) estamos de acuerdo
con todas las recomendaciones y, en algunas áreas, ICE ha empezado a atender las
recomendaciones incluso antes de que el estudio de la GAO fuera finalizado",
señaló.
Keegan también dijo que si bien el costo de los ahorros generados por la
reducción del delito gracias a la aplicación del 287g "no son fácilmente
cuantificables, sin duda éste ha tenido un impacto positivo en muchas
comunidades".
Desde enero de 2006, el programa 287g ha arrestado a más de 79,000 individuos
sospechosos de estar en el país sin documentos legales.
Más de 950 agentes estatales y locales, incluidos agentes de la Patrulla de
Caminos y de los departamentos de Policía y del Sheriff, han sido entrenados y
certificados a través de este programa en 67 jurisdicciones que incluyen los
estados de Alabama, Florida, Arizona y California. Para el año fiscal en curso,
el Congreso destinó 54 millones de dólares para su operación.
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