Cuatro bibliotecarios de Connecticut hablaron el martes airadamente por
primera vez sobre el hecho de haber sido obligados a callar por orden judicial
durante un mes, cuando el FBI exigió obtener los registros sobre los usuarios de
la biblioteca bajo la Ley Patriota, una ley clave en la lucha antiterrorista de
los Estados Unidos.
La juez del distrito federal, Janet Hall, el año pasado falló que la orden
debería ser levantada, diciendo que evitaba injustamente que los bibliotecarios
participaran en el debate sobre cómo se debería reescribir la Ley Patriota. Sin
embargo, no fue sino hasta abril que los fiscales dejaron a un lado una
apelación de esa orden.
La Ley Patriota, aprobada poco después de los ataques del 11 de septiembre
del 2001, permite una mayor vigilancia sobre sospechosos de terrorismo, aumenta
el uso de órdenes de citaciones sustanciales para mantener a sospechosos
incomunicados y el procesamiento secreto en casos de inmigración. Igualmente
retira el requisito que cualquier solicitud de registros se limite solamente a
los de quien sea que esté siendo investigado bajo sospecha. Ahora, los registros
de cualquier persona pueden ser obtenidos si el FBI los considera pertinentes en
una investigación de terrorismo o de espionaje.
Los fiscales argumentan que el secreto sobre demandas es necesario para
evitar alertar a los sospechosos y poner en riesgo las investigaciones. Ellos
sostienen que la orden judicial de silencio solamente evitaba la publicación de
las identidades de los bibliotecarios, no su habilidad de hablar acerca de la
Ley Patriota.
Los bibliotecarios, en una conferencia de prensa organizada por la Unión de
Libertades Civiles Estadounidense ACLU, siglas en inglés, que representó a los
bibliotecarios no escondieron su desagrado por haber sido obligados a callar por
el gobierno.
"Me irrita que el gobierno utilice provisiones de la Ley Patriota para
justificar acceso secreto e irrestringido a los registros de las bibliotecas",
dijo George Christian de Windsor, Connecticut, director ejecutivo de Library
Connection, Inc., un consorcio de bibliotecas en la parte central del
estado.
"Las bibliotecas públicas están en este país para promover la democracia
permitiéndole al público que se informe sobre los temas actuales. La idea que el
gobierno puede investigar secretamente de lo que el público se esté informando
es escalofriante", advirtió Christian.
Christian anotó con ironía que la orden judicial de silencio fue levantada
solamente después de que el Congreso votara este año para reautorizar la Ley
Patriota.
"El hecho que pueda hablar ahora es un poco como tener permiso para llamara a
los bomberos sólo cuando el edificio ya se ha quemado todo", indicó.
Los otros tres bibliotecarios en medio de la disputa eran Janet Nocek,
directora de la biblioteca Portland y secretaria de Library Connection Inc., y
Barbara Bailey, presidente de Library Connection Inc., y directora de la
biblioteca Welles-Turner Memorial; y Peter Chase, vicepresidente de Library
Connection Inc. y director de la biblioteca pública de Plainville.
Si bien los bibliotecarios pueden hablar libremente ahora, siguen su lucha
contra la solicitud del FBI de obtener información acerca de sus usuarios, dijo
Ann Beeson, directora legal asociada de la ACLU.
Published: Tuesday, May 30, 2006
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