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Tramitó peticiones para investigar a particulares: ACLU
Denuncian “espionaje ilegal” del Pentágono estadunidense
Afp
Washington, 14 de octubre. Con la complicidad de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI), el Departamento de Defensa de Estados Unidos obtuvo
información confidencial, reveló una organización defensora de los derechos
humanos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés),
principal asociación estadounidense de defensa de las garantías individuales,
indicó haber descubierto 455 peticiones de cartas de seguridad nacional emitidas
por el Departamento de Defensa luego de los atentados del 11 de septiembre de
2001. Estas peticiones son emitidas por el gobierno para tener acceso a
determinados datos personales de clientes, incluidos servidores de internet,
bancos y bibliotecas, que tienen la obligación de guardar silencio sobre dichos
pedidos.
En el contexto de la llamada ley Patriota, que fue promulgada por la guerra
contra el terrorismo del presidente George W. Bush, la FBI tiene derecho a
solicitar información sobre las actividades de particulares, con carácter
apremiante. Sin embargo, ese no es el caso del Pentágono.
Documentos obtenidos por la ACLU en una acción judicial contra las agencias
gubernamentales parecen demostrar que en numerosos casos la FBI permitió a
funcionarios del Departamento de Defensa acceder a información, para lo cual “no
están habilitados de obtener”, según explicó la organización.
Para tener dichos documentos, la ACLU recurrió a la Ley de Derecho a la
Información, en colaboración con una organización denominada Fundación Frontera
Electrónica. El análisis de dichos documentos por la ACLU indica que el
Pentágono y la FBI colaboraron para “embaucar al legislador” y dieron “al
Congreso informaciones engañosas” sobre el objetivo de sus investigaciones.
“Una vez más, la autoridad incontrolada del gobierno de Geroge W. Bush
condujo a abusos y violaciones de las libertades civiles”, denuncia en un
comunicado el director de la ACLU, Anthony Romero.
Postura de la prensa
The New York Times, que ha informado regularmente sobre los excesos
en la aplicación de la ley Patriota, señaló en su editorial de este domingo que
el presidente ha impuesto con esas acciones su “visión de una presidencia
imperial”.
Esa norma fue resultado de las presiones de Bush para ampliar el marco legal
de la Ley de Espionaje sobre Extranjeros de 1978, que requiere de una
autorización del Poder Judicial para intervenir las comunicaciones de
particulares residentes en Estados Unidos.
Para el rotativo, el hecho de que una “corte secreta” otorgue permisos de
investigación sobre presuntos “terroristas” es una forma ilegal de
espionaje.
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