Demandan estadounidenses hijos de indocumentados
Juez de
Miami admite el reclamo por parte de 60 niños nacidos en EEUU
30 de diciembre de 2006
MIAMI, Florida (EFE).— Un juez de Miami admitió ayer a trámite
la demanda presentada por un colectivo de defensa del menor contra Estados
Unidos por la violación de los derechos civiles de 60 niños estadounidenses
hijos de padres extranjeros indocumentados.
Significa que "podemos continuar con la demanda", que el juez ha
aceptado extender el plazo para "enmendarla" y argumentar con mayor contundencia
la "denuncia de violación y discriminación" de estos niños, hijos de
extranjeros, dijo Nora Sándigo, presidenta de "Guardian ad Litem",
Esta organización, dedicada a la protección de los menores,
señaló en la demanda que "la deportación de los padres", la mayoría de ellos
hispanos, causaría a sus hijos una "privación irreparable" y la destrucción de
sus familias.
"Queremos que se reconozca el sufrimiento de los niños" y,
posteriormente, que se "paralice la deportación de sus padres", sostuvo Sándigo,
quien expresó su satisfacción por la decisión del magistrado.
Lo importante es que el juez dijo "no" al abogado del presidente
George W. Bush, que "quería cerrar el caso", añadió Sándigo, y apuntó que en
Estados Unidos residen cuatro millones de niños en una situación similar.
El juez ha aceptado escuchar los argumentos, y el próximo 16 de
enero "revisará la enmienda" que vamos a presentar, indicó Alfonso Oviedo,
presidente de Fraternidad Americana, una de las principales organizaciones
comunitarias de Miami.
CHICAGO, Illinois (EFE).— La Oficina del Alguacil Federal
de los Estados Unidos (U.S. Marshals) negó que sus agentes estén involucrados en
el posible arresto de la inmigrante Elvira Arellano, refugiada en una iglesia al
norte de Chicago.
El vocero del Alguacil en Chicago, John Omalley, desmintió los
señalamientos del Centro sin Fronteras, que el miércoles en un comunicado dijo
que agentes de esa fuerza "han sido vistos detrás de la iglesia en el callejón y
en la calle frente a nuestra propiedad".
Omalley aclaró que la Oficina del Alguacil "no tiene ninguna
participación en este caso. Los reportes son cien por ciento falsos".
El funcionario federal añadió que "generalmente no vamos por las
calles con uniforme tomando fotos de edificios. Si fuera nuestra Oficina, nadie
sabría que estamos ahí. Este es un asunto de (la Oficina de) Inmigración y
Aduanas. Nosotros no tenemos que ver con eso".
En un comunicado, el reverendo del templo metodista, Walter
Coleman, dijo que asumía que "las fotografías son parte de una rutina para
ejecutar una orden de ingreso a la iglesia en persecución de un fugitivo".
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