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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

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Cuando el negarse a matar recibe una pena mayor que el asesinato

Ann Wright,
truthout | Perspectiva

Desde el comienzo de las guerras de Afganistán e Irak, el ejército de los Estados Unidos ha sido el objeto de intenso escrutinio y crítica por el asesinato de civiles. Esta semana, el Secretario de Defensa y el presidente del Estado Mayor Conjunto viajaron a Afganistán y Pakistán para "reconocer" la muerte de civiles inocentes en ataques en esos países.

En los cinco años y medio de la ocupación estadounidense de Irak, los soldados de EE.UU. han asesinado a cientos de miles de civiles iraquíes en puestos de control, y durante movimientos de convoy y operaciones para buscar al "enemigo". Durante la media década de presencia militar en Irak, se ha acusado de homicidio o de asesinato a una cantidad muy reducida de personal militar de EE.UU. y una cantidad aún menor de personal de la CIA y de contratistas. La muerte de la mayoría de los civiles se considera "costos de la guerra". Se les ha formado un consejo de guerra a unas pocas decenas de soldados a raíz de las denuncias de malos tratos, homicidio y el asesinato de civiles iraquíes. Con muy pocas excepciones, en la mayoría de los casos se les han absuelto. Los condenados por lo general recibieron penas menores.

Esta semana vimos una vez más que el castigo por asesinar a cuatro iraquíes es menor que por negarse a participar en una guerra que muchos ciudadanos, y muchos soldados, ven como un crimen contra la paz - un crimen de guerra.

El 18 de septiembre de 2008, el Ejército de EE.UU. lo condenó al especialista Belmor Ramos a siete meses de prisión, lo degradaron en rango a soldado raso y le dieron una baja deshonrosa porque había vigilado desde la torreta de un Humvee mientras otros tres soldados de su unidad, la Primera División de Infantería, amarraron a cuatro iraquíes no identificados, les vendaron los ojos, los dispararon en la cabeza y arrojaron los cadáveres en un canal de Bagdad en 2007, como represalia por las bajas que su unidad había sufrido. Según los informes de la Prensa Asociada (AP), Ramos admitió su culpabilidad en el consejo de guerra: "Yo quería que murieran. Yo no tenía justificación jurídica ni excusa por hacer eso."

Se lo había acusado a Ramos de conspiración para cometer un asesinato, por lo que podría haber recibido una pena de cadena perpetua. El juez militar de Vilsek, Alemania, iba a condenarlo a 40 años de cárcel, pero el fiscal militar aceptó una pena negociada de siete meses para que Ramos declare en el consejo de guerra contra los tres suboficiales –los sargentos John E. Hatley, Joseph P. Mayo y Michael P. Leahy Jr - acusados el 16 de septiembre de 2008 de asesinato premeditado, conspiración para cometer asesinato premeditado y obstrucción de la justicia.

Condenas más largas por oponer resistencia a la guerra que por asesinar a civiles

Hace sólo un mes, condenaron al soldado Robin Long a quince meses de prisión, lo degradaron al rango de soldado raso y le dieron una baja deshonrosa por ausentarse sin permiso militar, pues no quería servir en una guerra que consideraba ilegal. Las autoridades migratorias canadienses lo deportaron de Canadá, donde por tres años había hablado sobre sus preocupaciones acerca de la legalidad de la guerra, y lo entregaron a los EE.UU. para un juicio militar. Un mes antes, el soldado de primera clase James Burmeister había regresado voluntariamente de Canadá y en julio de 2008 lo condenaron a seis meses de prisión por negarse a regresar a Irak después de servir dos turnos en que le alcanzaron tres artefactos explosivos improvisados. En mayo de 2008, le formaron un consejo de guerra al soldado de primera clase Robert Weiss en Vilseck, Alemania, y lo condenaron a siete meses de cárcel por negarse a ir a Irak. También en mayo de 2008, un consejo de guerra contra el soldado de primera clase Ryan Jackson lo condenó a 100 días de cárcel por negarse a ir a Irak.

En 2007, el consejo de guerra al teniente Ehren Watada, el primer oficial que se negó a ir a Irak, terminó en un juicio nulo. Watada todavía está en servicio activo en el ejército. Ese año también, el sargento del ejército Mark Wilkerson se negó a regresar a Irak y lo condenaron a siete meses de cárcel. El Ejército le denegó su petición de objetor de conciencia al especialista médico Agustín Aguayo, quien se negó a regresar a Irak y fue condenado a ocho meses en la cárcel. También en 2007, la especialista Melanie McPherson, una reservista de Minnesota, se negó a ir a Irak en funciones para las cuales no la habían capacitado; un consejo de guerra la condenó a tres meses de cárcel.

En 2006, el especialista Dale Bertell se negó a regresar a Irak y lo condenaron a cuatro meses de cárcel. Ejército de EE.UU. La especialista de la Guardia Nacional de Texas Katherine Jashniski se negó a desplegar en Afganistán, y la condenaron a cuatro meses de cárcel. El sargento Ricky Clousing de la 82 ª División Aerotransportada se negó a regresar a Irak y fue condenado a tres meses de cárcel. El cabo de la Infantería de la Marina Ivan Brobeck regresó voluntariamente a Estados Unidos después de vivir 18 meses en Canadá; le formaron un consejo de guerra por negarse a regresar a Irak, que lo condenó a ocho meses de cárcel.

En 2005, el sargento Kevin Benderman se negó a regresar a Irak y fue condenado a 15 meses en la cárcel; sirvió 13 meses. El especialista Blake Lemoine se negó a regresar a Irak y pasó siete meses en la cárcel. Cuando le denegaron su petición de objetor de conciencia al soldado raso Neil Quentin Lucas, se negó a ir a Irak y pasó 13 meses en la cárcel.

En 2004, el sargento Camilo Mejía se negó a regresar a Irak y lo condenaron a 12 meses de cárcel. Al sargento de primera clase Abdullah Webster, el soldado raso de más alto rango acusado de rechazar órdenes de ir a Irak, lo condenaron a 14 meses de cárcel. Le faltaban dos años para jubilarse cuando se negó a desplegar a Irak. Pablo Paredes, un suboficial de tercera clase de la Marina, se negó a desplegarse en un buque que transportaba a los marines a una guerra que consideraba ilegal. Lo condenaron a tres meses de aislamiento. La Infantería de la Marina se negó a reconocerle como objetor de conciencia al cabo Joel Klimkewixz y lo condenaron a siete meses de cárcel.

En 2003, la Infantería de Marina denegó la petición de objetor de conciencia al reservista Stephen Funk y lo condenó a seis meses de cárcel. Todos los soldados a quienes les han formado consejo de guerra por negarse a ir a Irak o Afganistán han recibido bajas deshonrosas o de mala conducta.

A miles de otros soldados que, al ausentarse sin el permiso de sus superiores, manifestaron una oposición silenciosa y privada a las guerras de Irak y Afganistán, se les han dado una baja administrativa cuando regresan voluntariamente a las fuerzas armadas.

Sentencias leves por asesinar a iraquíes

Entre los casos más destacados de personal militar de EE.UU. a quienes se les formó un consejo de guerra por el asesinato de civiles iraquíes, sin que los condenaran necesariamente, están:

El 29 de agosto de 2008, un jurado civil en el condado de Riverside, California, absolvió al ex sargento de la Infantería de la Marina José Nazario Jr, acusado de homicidio voluntario a raíz de la muerte de cuatro detenidos iraquíes desarmados durante el asedio de Faluya, Irak, en 2004.

En junio de 2008, un juez militar desestimó los cargos contra el teniente coronel Jeffrey Chessani, acusado de no investigar la matanza, en noviembre de 2005, de 24 civiles iraquíes desarmados en la ciudad de Haditha. De los ocho marines inicialmente acusados en el caso, sólo uno todavía espera el juicio. Han anulado las acusaciones contra seis marines y al séptimo marine lo declararon inocente.

En 2007, acusaron a siete soldados de la Infantería de la Marina de Camp Pendleton y a un solado de la Marina de asesinato y otros delitos relacionados con el secuestro y el asesinato en abril de 2006 de un policía iraquí jubilado de 57 años de edad, en la aldea de Hamdania al noroeste de Bagdad. Sólo uno de los hombres, el líder de escuadra sargento Lawrence Hutchins III, permanece en la cárcel, pues un jurado militar de Camp Pendleton lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a 15 años. De los otros seis, unos aceptaron una pena negociada que ya han cumplido, y en el caso de los demás, el teniente general James Mattis, comandante general de Camp Pendleton, les conmutó la pena. Mattis ordenó que se pusiera en libertad a los acusados con un rango menor de Hutchins, debido a que en julio de 2007 un jurado militar había declarado culpable al cabo Trent Thomas por su papel en los asesinatos, pero limitó su sentencia al tiempo ya cumplido. El general Mattis consideraba que la leve condena de Thomas creó una disparidad injusta en comparación con sus compañeros sentenciados con penas mayores.

En diciembre de 2007, al reservista de la Infantería de la Marina y soldado de primera clase Delano Holmes lo declararon culpable de homicidio negligente por haber apuñalado, el 31 de diciembre de 2006, al soldado raso Munther Muhammed Hassin Jasem del Ejército Iraquí, con quien había estado de guardia en el campamento de Faluya, Irak. Holmes le apuñaló a Hassin 17 veces, le acuchilló otras 26 veces y por poco le cercena la nariz. Un jurado militar le sentenció al tiempo cumplido, la segunda vez en cinco meses que un jurado militar de Camp Pendleton aceptara el tiempo cumplido como pena en un caso de homicidio. A Holmes lo bajaron de rango a soldado raso y le dieron una baja de mala conducta.

En agosto de 2008, se celebraron audiencias (artículo 32) en Vilsek, Alemania, para determinar si o no acusarán de delitos criminales a los sargentos Jess Cunningham y Charles Quigley por la muerte de un iraquí. No han decidido todavía si van a formar un consejo de guerra contra los dos.

En sólo un caso de asesinato en Irak EE.UU. han condenado el personal militar ha recibido una considerable las penas. En agosto de 2007, un jurado militar condenado Ejército de EE.UU. soldado de primera clase Jesse Speilman de violación y cuatro cargos de delito grave de asesinato por la violación y asesinato de Abeer Qassim al-Janabi, de 14 años de edad, niña iraquí y el asesinato de sus padres y hermana menor el 12 de marzo de 2006, en Mahmoudiya, una aldea a unos 20 millas al sur de Bagdad. Speilman fue condenado a 110 años de prisión, pero será elegible para libertad condicional dentro de diez años. Durante el período de su corte marcial, especialista James P. Barker y el sargento Paul Cortez declaró que se turnaban violar a Abeer mientras que los privados Steven Verde disparó y mató a su madre, padre y hermana menor. También declaró que Abeer Verde Qassin disparo en la cabeza después de violar a ella. A continuación, fijar su cuerpo sobre el fuego para destruir pruebas. Cruz fue condenado a 100 años de prisión en virtud de un acuerdo y será elegible para libertad condicional en 10 años. Barker se declaró culpable en el tribunal de guerra y fue condenado a 90 años en una prisión militar, con la posibilidad de libertad condicional. Privado Bryan Howard fue condenado a 27 meses de prisión en virtud de un acuerdo. Privado Steven D. Verde fue dado de alta del Ejército para la lucha contra el comportamiento social ante los asesinatos se habían descubierto. Sin embargo, fue detenido y acusado de violación y asesinato en el Tribunal de Distrito Occidental de Kentucky. Él será juzgado en ese tribunal el 29 de abril de 2009. Su abogado ha presentado los documentos para una defensa de locura.

Superior castigo por matar a compañeros de los militares que los iraquíes

Castigo por asesinato de otros miembros del servicio de EE.UU. es enormemente superior a la de los asesinatos de iraquíes y civiles afganos.

En abril de 2003, un sargento del ejército que EE.UU. Hasan Akbar, un miembro de la 101 ª División Aerotransportada, presuntamente lanzaron granadas en una carpa en el campamento de Pennsylvania en Kuwait que mató a dos agentes e hirió a 14. Akbar fue condenado a muerte en abril de 2005.

En junio de 2005, El Ejército de EE.UU. 42a División de Infantería sargento Alberto Martínez presuntamente mató a dos oficiales superiores con una mina antipersonal y granadas dentro de una de Saddam Hussein de palacios, cerca de Tikrit, Irak. Martínez de la corte marcial está en marcha en Fort Bragg, Carolina del Norte. Si es declarada culpable, podría enfrentar la pena de muerte.

A principios de esta semana, el 14 de septiembre de 2008, dos soldados del Ejército de EE.UU., asignado a la 3 ª División de Infantería, fueron fusilados y asesinados, presuntamente por un soldado en su base, cerca de la ciudad de Iskandariyah, a unas 30 millas al sur de Bagdad. El soldado que presuntamente mató a los otros dos se limita y serán llevados ante un juez militar de esta semana para las determinaciones preliminares de procedimiento.

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Ann Wright es un jubilado Ejército de EE.UU. Reservas coronel con 29 años de servicio militar. Ella también fue un diplomático de EE.UU. que sirvió en Nicaragua, Granada, Somalia, Uzbekistán, Kirguistán, Sierra Leona, Micronesia y Mongolia. Fue en el pequeño equipo que reabrió la Embajada de los EE.UU. en Kabul, Afganistán, en diciembre de 2001. Ella renunció a los EE.UU. cuerpo diplomático en marzo de 2003 en oposición a la administración Bush la decisión de invadir y ocupar Irak. Ella es la co-autor de "disentimiento: Voces de la conciencia," los perfiles de personas con información privilegiada del gobierno que han hablado y actuado sobre sus preocupaciones de sus gobiernos políticas.


 

 

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