Uno de los asesores del ex gobernante
estadounidense Richard Nixon acusó hoy al presidente George W. Bush de ser
artífice de medidas más ilegales que las causantes del caso 'Watergate'.Al
comparecer ante un comité del Senado, John Dean, quien fuera consultor legal de
Nixon, emplazó al actual mandatario por su controversial programa de espionaje
doméstico.
'La vigilancia ilegal de Nixon fue limitada. La de Bush está en
pleno desarrollo y podría tener dimensiones extraordinarias', manifestó Dean,
quien por sus nexos con el escándalo Watergate tuvo que pasar cuatro meses en la
cárcel.
El consejero presidencial dio su testimonio en la audiencia que
examina la moción de censura presentada por el senador Russel Feingold contra el
presidente Bush.
La resolución, de ser aprobada, se pondrá en práctica con
una crítica formal del Congreso al gobernante, procedimiento pocas veces visto
en la historia de Estados Unidos.
Una medida de este tipo sólo fue aplicada
contra el séptimo presidente de la nación, Andrew Jackson, al ser acusado en
1834 de conducta inconstitucional y dictatorial.
Los republicanos, con
mayoría en el Capitolio, vaticinan que la iniciativa contra Bush no será
aprobada.
En un comunicado, el Comité Nacional del partido calificó la
propuesta del senador Feingold de perjudicial para quienes luchan por proteger
al país.
Recientemente la senadora demócrata Barbara Boxer preguntó a
especialistas en derecho presidencial si Bush debe ser sometido a un
'impeachment' [juicio político] por ordenar espiar a sus conciudadanos en nombre
de su cruzada contra el terrorismo.
En igual sentido se pronunció el
representante John Conyers, demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la
Cámara baja, quien presentó una propuesta para que el gobierno determine si
existen razones para sentar al Presidente en el banquillo de los acusados.
El
escándalo de espionaje lo desató a fines de 2005 el diario The New York Times,
al revelar que la Agencia Nacional de Seguridad [NSA, por sus siglas en inglés]
supervisó llamadas telefónicas y correos electrónicos de miles de personas en
este país.
Para ello, la NSA no contó con orden judicial alguna, pero si con
el visto bueno de una directiva emitida por Bush en 2002.
Una ley nacional de
vigilancia de 1978 establece que los servicios de inteligencia deben solicitar
permiso a una corte, antes de monitorear comunicaciones de civiles
estadounidenses en territorio norteamericano.
Esa legislación afloró pocos
años después de caso Watergate, para regular las prácticas de esa
naturaleza.
Todo comenzó en junio de 1972 cuando agentes dedicados al
espionaje al servicio de los republicanos entraron al edificio Watergate ubicado
en Washington, el cual servía como sede general del Partido Demócrata.
En ese
lugar colocaron dispositivos de escucha para contar con información interna de
esa organización en plena contienda electoral.
'Pero el escándalo estalló
varias semanas después, luego de que la prensa revelara los primeros detalles de
la conspiración, que finalizaría con el proceso de destitución de Nixon, acusado
de ser ente activo en la planificación de las escuchas telefónicas.