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3 de febrero de 2009
Condenan cuota de detención de indocumentados en California
Por E.J. TÁMARA
The Associated Press
LOS ANGELES - Cónsules generales de Honduras y Ecuador y líderes comunitarios
condenaron el martes las presuntas cuotas de detención de indocumentados por
parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y abogaron por una visa humanitaria
para una nicaragüense deportada que dejó a dos hijos atrás.
"Es aberrante", dijo la cónsul general de Honduras en Los Ángeles, Vivian
Panting, sobre las supuestas cuotas ordenadas en la agencia federal en la
estación de Riverside, al este de Los Ángeles. "Vale la pena llegar a una
investigación de esto".
La agencia federal ordenó el lunes una investigación de los alegatos de
agentes, quienes dijeron que recibieron órdenes de cumplir los objetivos
numéricos en enero bajo pena de castigo. Agentes en Riverside indicaron que se
les ordenó arrestar al menos 150 indocumentados en enero, o de lo contrario se
les cambiaría de horario.
Nadie ha sido suspendido por ahora, dijo Richard Vélez, portavoz de la
agencia.
La agencia federal tiene metas para inspirar a los agentes. Una de ellas, por
ejemplo, es hacer competir a unidades, y muchas veces un indicador es la
cantidad de arrestos, pero no es práctica estándar establecer objetivos
numéricos ni se recomendaría uno, indicó Jeffrey Calhoon, jefe de la agencia en
El Centro.
"Las redadas son el ejemplo más visible de un sistema de leyes de inmigración
inhumano e injusto", comentó Esmeralda López, coordinadora de política local de
la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA,
por sus siglas en inglés), y resaltó el primer aniversario de una redada en Van
Nuys, en el norte de Los Ángeles, donde fueron detenidas alrededor de centenar y
medio de personas en febrero del año pasado.
Oswaldo Cabrera, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana
Internacional, pidió una visa humanitaria para la nicaragüense Maricela Soza,
quien en enero fue deportada desde Miami mientras sus dos hijos estaban en
huelga de hambre.
"Ella no ha cometido ningún crimen", apuntó Cabrera.
La salvadoreña Sandra Morales, de 32 años, cuyo esposo guatemalteco fue
deportado tras una redada hace unos 10 meses, dijo que sus cuatro hijos están en
tratamiento psicológico pues quedaron traumados al ver a su padre, Byron Soto,
cuando era llevado por agentes de inmigración.
"Al principio el psicólogo les dijo que estaban muy traumados", dijo la
inmigrante en referencia a sus hijos de 4, 11, 14 y 16 años. "Estaban tristes,
no querían comer. Me decían que extrañaban a su papá, sobre todo la más
chiquita".
Los menores estadounidenses van dos veces por semana con el psicólogo desde
hace unos tres meses, indicó la madre residente de South Los Ángeles.
"La separación de familias es un drama muy grave", apuntó el cónsul general
de Ecuador en Los Ángeles, Eddie Bedon. "Por eso apoyamos una reforma migratoria
que regularice (el estatus de) los 12 millones de indocumentados (que viven en
Estados Unidos)".
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La reportera de AP Amy Taxin contribuyó a este despacho.
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