Cinco años de infamia: ¡Cierren
Guantánamo!
coronel Ann Wright, 23 de diciembre de 2006
Traducido por Mar Rodríguez y revisado por Meritxell Mir i
Roca
El 11 de enero de 2002 llegaron los primeros detenidos de
Afganistán a la prisión en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba). En
los años que siguieron, Guantánamo ha sido para el mundo el símbolo del abandono
de la legislación internacional y nacional que ha realizado el gobierno de Bush
y de su desarrollo de una política de tratamiento inhumano y uso de la tortura,
afirmaciones que se han relacionado con las operaciones militares y de la CIA en
Afganistán, Irak y en un número desconocido de prisiones secretas.
Se ha retenido a más de 775 personas en Guantánamo desde el
11 de enero de 2002 y, después de cinco años, no se ha condenado a ninguno de
ellos por ningún crimen. Según el artículo del Servicio de información del
ejército estadounidense fechado el 17 de octubre de 2006 titulado «Bush Says
Military Commissions Act Hill Bring Justice» (Bush afirma que la ley sobre
comisiones militares traerán la justicia», la mayoría de los detenidos en
Guantánamo no se enfrentará a las comisiones militares. «Sólo se someterán a las
comisiones aquellos detenidos acusados con violaciones de la ley bélica y otras
ofensas graves, unos 75 detenidos, según estimaciones de los oficiales».
De modo que... ¿qué ha ocurrido con los otros 700 detenidos, los
que no serán acusados por las comisiones militares, durante estos cinco años?
Finalmente, después de más de dos años de prisión, entre agosto
de 2004 y marzo de 2005, algunos CSRT, tribunales de revisión del estado de los
combatientes, compuestos por tres oficiales militares estadounidenses, revisaron
los casos de 558 detenidos. Sin embargo, éstos no tuvieron acceso a abogados ni
a las pruebas secretas utilizadas por los CSRT, que pudieron utilizar pruebas
extraídas a la fuerza y dictaminaron que 520 detenidos eran «combatientes
enemigos».
¿Qué es un combatiente enemigo? La definición general de
combatiente enemigo es «una persona que participa en hostilidades contra los
Estados Unidos o sus aliados durante un conflicto armado». Pero el 5 de
septiembre de 2006 una directiva del Ministerio de Defensa sobre el Programa de
detenciones, añadió otra frase a la definición de combatiente ilegal: «Para los
propósitos de la guerra contra el terrorismo, el término combatiente enemigo
ilegal se define como inclusivo, entre otros, de una persona que es, ha
formado parte o apoya a los talibanes o a las fuerzas de al Qaeda o sus fuerzas
asociadas que participan en hostilidades contra Estados Unidos o sus socios
aliados».
Según Amnistía Internacional, en un análisis de 500 detenidos,
una cifra sorprendentemente baja, sólo un 5 por ciento o unos 25 detenidos,
fueron capturados por soldados estadounidenses. El ochenta y seis por ciento, o
unos 430 detenidos, fueron detenidos por fuerzas paquistaníes o por la Alianza
del Norte afgana, y entregados a la custodia estadounidense, a menudo a cambio
de una recompensa de miles de dólares; el informe de AI no trata sobre el 9 por
ciento restante, muchos fueron vendidos a los Estados Unidos por venganza o
simplemente, por dinero. Cualquiera que viviera en Afganistán, joven o viejo,
era una posible víctima para la venta a las fuerzas estadounidenses: el detenido
más anciano enviado a Guantánamo tenía 75 años; el más joven, 10.
Es un eufemismo decir que la mayoría de los enviados a
Guantánamo lo fueron debido a un interrogatorio y una investigación pobres por
parte de los soldados estadounidenses y la CIA durante su periodo de retención
en Afganistán. Una vez en Guantánamo, permanecieron allí durante años debido a
las presiones para obtener «resultados» de los interrogatorios por parte de los
líderes políticos civiles del Ministerio de Defensa, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca.
A 18 de diciembre de 2006, casi la mitad, unos 379 de los
775 detenidos, ha sido liberada tras años en prisión. Se les envió de vuelta sin
cargos por crímenes ni explicaciones sobre las razones de su detención. Todavía
quedan unos 396 detenidos de 35 países en Guantánamo; cifra que incluye
14 prisioneros trasladados allí en septiembre de 2006 después de haber estado
incomunicados en prisiones secretas de la CIA durante periodos de hasta cuatro
años y medio. (Cuando el presidente convirtió en ley el MCA (proyecto de ley
para comisiones militares), explicó que autoriza la continuación del programa de
cárceles secretas de la CIA. También explicó que los 14 no pueden revelar a sus
abogados ni al Comité de la Cruz Roja Internacional, la ubicación de las
instalaciones de retención, las condiciones del confinamiento ni las técnicas de
los interrogatorios).
El 14 de diciembre de 2006 fueron liberados dieciséis prisiones
saudíes, después de que el rey Abdulá hiciera llamar al vicepresidente Cheney a
Arabia Saudí para explicarle los problemas de los suníes si Estados Unidos se
retira de Irak. Otros 75 saudíes continúan en Guantánamo. Según un comunicado de
prensa del Ministerio de Defensa del 17 de diciembre, ese día se liberaron más
prisioneros. Siete prisioneros se trasladaron a Afganistán, seis se devolvieron
a Yemen, tres fueron a Kajastán, uno a Libia y otro a Bangladés, lo cual resultó
en la liberación de treinta y cuatro prisioneros en tres días. El comunicado de
prensa indicaba que se habían liberado 114 prisioneros en 2006 y continúan en
Guantánamo 85 de los que el gobierno estadounidense ha determinado que reúnen
las condiciones para su traslado o liberación.
Diecisiete prisioneros eran menores de edad (menos de 18 años)
cuando les llevaron a Guantánamo. Los más jóvenes tenían 10, 12 y 13 años de
edad cuando les capturaron. A finales de 2006, cuatro de estos jóvenes continúan
detenidos.
Han pasado una cuarta parte de sus vidas en Guantánamo. Había un
quinto joven, pero fue uno de los tres prisioneros que se suicidó en junio de
2006. Más de 40 prisioneros han intentado el suicidio, y hasta 200 han realizado
huelgas de hambre para protestar por las condiciones de su retención.
De modo increíble, al final de cinco años de encontrarse en la
perrera de los derechos humanos del mundo, el Congreso estadounidense volvió en
octubre de 2006 a confiar y aceptar los deseos del presidente Bush, aprobando la
Ley sobre Comisiones Militares (MCA). Esta ley niega el habeas corpus a
los prisioneros (el derecho a refutar la legalidad o las condiciones de su
detención), niega la presunción de inocencia, niega el derecho a juicio en un
plazo razonable, niega el derecho a un abogado de elección y niega el derecho a
refutar y presentar pruebas. La MCA permite la admisión de pruebas obtenidas
mediante coacción, con tratamiento cruel, inhumano o degradante.
Al tiempo que coautor de memorandos sobre la tortura, el asesor
legal presidencial Alberto González, ahora Fiscal General, aconsejó al
presidente Bush en enero de 2002 que un beneficio de no aplicar el Convenio de
Ginebra a los prisioneros procedentes de Afganistán y mantenerlos encarcelados
fuera de los Estados Unidos sería dificultar la acusación de personal
estadounidense según la Ley de Crímenes de Guerra de los Estados Unidos. La
actitud «práctica» del gobierno durante los interrogatorios ha resultado en un
tratamiento inhumano en Bagram, Kandahar y otras prisiones en Afganistán y, más
tarde, en Guantánamo. Ese entorno abusivo ha llevado a los penosos incidentes en
Abu Ghraib (Irak), cuando el comandante de la prisión, el Mayor General Geoffrey
Millar fue a Irak para enseñar técnicas más agresivas a los interrogadores.
González continuó dificultando la acusación del personal estadounidense por
abuso contra los prisioneros de acuerdo con la Ley sobre Crímenes de Guerra
cuando convenció al Congreso, por medio de la MCA, para dar carta blanca a las
acciones criminales en el tratamiento de los prisioneros si dichas acciones se
cometieron antes del 31 de diciembre de 2005.
Como coronel retirada del ejército estadounidense con 29 años de
servicio activo y en la reserva, y como diplomática estadounidense durante 16
años, creo firmemente que deben pedirse responsabilidades por las acciones
criminales que sabemos han ocurrido, independientemente de si los que las
cometen se encuentran en el Pentágono, la CIA, el Ministerio de Justicia o la
Casa Blanca.
Como oficial militar, creo que nuestro ejército no recibe ningún
beneficio escapando a la responsabilidad derivada de las acciones criminales. Se
enseña a nuestros soldados y oficiales qué comportamiento es legal y cuál no.
Creo que la misma distinción se enseña al personal de la CIA. Cuando el Gobierno
de Bush y el Congreso protegen con efecto retroactivo a los que conscientemente
cometen crímenes, socavan el «orden y la disciplina» del ejército y la CIA.
Finalmente, esto socava los cimientos de nuestras normas.
Creo firmemente que, para recuperar parte del respeto de la
comunidad internacional, por nuestro espíritu y nuestra alma nacionales, y por
la integridad de los militares estadounidenses, la prisión de Guantánamo debe
cerrarse. Los militares estadounidenses deben dejar de dictar sentencias en los
casos de «combatientes enemigos». En su lugar, creo que los tribunales federales
deben administrar las leyes de los Estados Unidos contra las personas acusadas
de crímenes de «terrorismo», al igual que lo han hecho en el pasado. Para que
los Estados Unidos tengan alguna esperanza de salvar algún pudor de su estatura
en el área de los derechos humanos, el proceso legal de los acusados de crímenes
terroristas debe ser transparente y justo. El «proceso de Guantánamo» no es
ninguna de esas dos cosas. Pido al nuevo Congreso que reconozca la capacidad y
la historia de nuestro sistema legal civil, que abola la Ley sobre Comisiones
Militares, que designe a los tribunales federales para tratar los casos y que
cierre Guantánamo.
El 11 de enero de 2007, el quinto año de permanencia de los
detenidos de Afganistán en Guantánamo, organizaciones de todo el mundo pedirán
el cierre de Guantánamo. Por nuestra integridad y nuestra conciencia, cada uno
de nosotros debe actuar. Organizar vigilias, mostrar la película The Road to
Guantanamo u organizar lecturas de Guantánamo, Honor Bound to Defend
Freedom (www.bordc.org).
Actúa el 11 de enero para acabar con la tortura, poner freno a las
violaciones del derecho internacional y CERRAR GUANTÁNAMO. (Visite www.witnesstorture.org para ver
los actos organizados).
La coronel Ann Wright, retirada, sirvió 29 años en el ejército y la
reserva, y 16 años como diplomática estadounidense en Nicaragua, Granada,
Somalia, Uzbekistán, Kirgizstán, Sierra Leona, Micronesia, Afganistán y
Mongolia. Dimitió del Ministerio de Interior estadounidense en marzo de 2003 en
oposición a la guerra contra Irak.
Traducido del inglés por Mar Rodríguez y revisado por Meritxell
Mir i Roca, miembros de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad
lingüística. Esta traducción se puede reproducir con fines no comerciales a
condición de respetar su integridad y de mencionar a sus autores y la fuente.
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