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12 de abril de 2008
■ Años después de que Bush se haya ido, EU seguirá siendo repudiado: Edward
Kennedy
Dick Cheney, Condoleezza Rice y Colin Powell aprobaron técnicas de
tortura
■ Oficiales de la CIA demostraban ante los reunidos en la Casa Blanca las
tácticas de atrocidades
■ Exige la principal organización estadunidense de libertades civiles
investigar a los funcionarios
David Brooks (Corresponsal), La Jornada
Nueva York, 11 abril. El vicepresidente Dick Cheney, la entonces asesora de
Seguridad Nacional Condoleezza Rice, el ex secretario de Estado Colin Powell y
otros altos funcionarios del gobierno de George W. Bush evaluaron y autorizaron
personalmente el uso de técnicas de tortura entre 2002 y 2003.
Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John
Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George
Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes
técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban–
durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa
Blanca.
Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que
casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de
ahogamiento o waterboarding, pero también el uso de golpes, bofetadas,
privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia
Ap.
Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas
de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente”
a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de
estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas
medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se
han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.
Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no
sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre
quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo
después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos
hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto
gentilmente”.
Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y
potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se
llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas
reuniones.
“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los
altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la
Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en
un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente
Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio
irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su
gobierno”.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las
principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales
(incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno
de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es
escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más
repugnantes de interrogatorios ilegales.
Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en
estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los
arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los
funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos
criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros
tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de
tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.
Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles
solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para
levantar cargos contra estos funcionarios.
La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de
Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios
actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por
actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a
verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa
Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que
llegar al fondo de estos informes”.
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