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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

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Cárcel federal a deportados que regresen

El estado busca ahorrar dinero y combatir el hacinamiento


Un agente de la Patrulla Fronteriza devuelve a México inmigrantes indocumentados; ya no es así. [Foto: EFE]

Jorge Morales Almada / jorge.morales@laopinion.com

Los inmigrantes que han salido de las prisiones estatales bajo la libertad condicional y que tras ser deportados regresan a California de manera ilegal, serán enviados a custodia federal, donde podrían purgar condenas de hasta 20 años.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR) anunció ayer la nueva política en los casos de libertad condicional como una medida para ahorrar dinero y aliviar el hacinamiento en las cárceles. La nueva regla entró en efecto de manera inmediata ayer mismo.

Para el secretario del CDCR, Matthew Cate, encarcelar a personas que incumplieron la libertad condicional luego de que fueron deportados, ha provocado una mayor carga al estado y a los contribuyentes y no ha mejorado la seguridad pública.

Por ello, el nuevo sistema para los indocumentados que obtuvieron libertad condicional y no la acataron será enviarlos a custodia federal para ser procesados por reingresar al país de manera ilegal.

Quienes no violan los términos de su libertad condicional pasan de cuatro a ocho meses en la cárcel, pero para el secretario Cate el gobierno federal puede y debería buscar sentencias más severas en prisiones federales.

El viernes pasado el funcionario envió una carta a la jefa del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, en la que le pide trabajar en conjunto para implementar esta nueva directriz y procesar a los inmigrantes que reingresan al país para cometer crímenes.

El reingresar al país de manera ilegal luego de haber sido deportado y tener antecedentes penales, puede llevar a sentencias de hasta 20 años en prisión.

Michael Keegan, portavoz del DHS, dijo que están en proceso de revisar la carta recibida y que la respuesta al CDCR se hará por los canales apropiados.

La abogada Noemí Ramírez, presidenta en Los Ángeles de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), señaló que los nuevos lineamientos del CDCR implican más años de cárcel para los indocumentados que alcanzan la libertad condicional y que tras ser deportados reingresan al país.

El secretario del CDCR dijo que esta medida le ahorraría al estado unos 10 millones de dólares al año y reduciría la población carcelaria.

En 2007 el CDCR mantuvo a unos 12 mil indocumentados bajo el sistema de libertad condicional, de los cuales 1,600 que habían sido deportados regresaron a California.

En el año fiscal de 2008 el CDCR gastó 970 millones de dólares por mantener a indocumentados en prisión, pero sólo recibió 110 millones de dólares del gobierno federal.

"No podemos seguir manteniendo esa vieja política", dijo el jefe del CDCR. "Necesitamos trabajar en conjunto con el gobierno federal para mantenernos y enviar un mensaje: si eres un criminal deportado de California y regresas, serás procesado con todo el peso de la ley".

Cate señaló en una conferencia de prensa difundida por video desde Sacramento, que los indocumentados que regresan a California son frecuentemente encarcelados por no cumplir con su libertad condicional, en vez de ser procesados por un delito federal, que es el cruzar la frontera de manera ilegal.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), dijo estar preocupada por esa nueva medida.

"No cabe duda de que los costos de retener a tanto inmigrante en la lista de supuestos criminales son muy altos para el estado", mencionó. "Sin embargo, nos preocupa que al poder el gobierno federal detener y arrestar a inmigrantes que intenten regresar después de ser deportados no se respete su derecho a debido proceso".

Francisco Castillo, portavoz de la Oficina del Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, aclaró que no se estaría actuando como agentes de inmigración al pedir que el gobierno federal los tome en custodia.

"El estado necesita la ayuda del gobierno federal para juzgarlos bajo las reglas federales y no por violar la libertad condicional", comentó.

California cuenta con un déficit presupuestario de 42,000 millones de dólares y la instrucción del gobernador al CDCR ha sido la de reducir sus gastos en unos 400 millones de dólares, indicó Castillo.

Esta nueva política en el sistema de libertad condicional para los indocumentados, dijeron las autoridades, les ahorrará unos 10 millones de dólares.


 

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