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Revolución #61, 17
de septiembre de 2006
Bush urge cambios fascistas a las leyes de juicios y tortura
El 6 de septiembre, Bush posó para las cámaras y exigió que el Congreso
aprobara la Ley de Comisiones Militares que le mandó. Esa ley sería un gran
cambio del derecho estadounidense para legalizar precisamente la clase
de tortura que se llevó a cabo en el penal Abu Ghraib y anular oficialmente
muchos derechos jurídicos básicos. Estos cambios tienen implicaciones fascistas:
para los actuales "combatientes enemigos" detenidos… y para todos.
Bush prácticamente fanfarroneó de cosas que antes negaba
rotundamente: que el gobierno ha manejado una red internacional de centros
secretos de interrogación. Lo admitió para seguir haciéndolo e ir más allá:
justificar de una manera abierta las formas de tortura cometidas por
órdenes suyas y exigir que el Congreso le dé formalmente al presidente
el poder de detener, torturar, condenar y hasta ejecutar, con impunidad para
quienes lo hacen.
Mejor dicho, Bush quiere que la tortura y la denegación de derechos básicos
que ya han estado haciendo en secreto se reconozcan como norma
legal y como precedente para lo que venga en esta guerra por el
imperio.
Por eso es muy importante ver qué es lo que Bush demanda que el Congreso
apruebe a toda carrera en las próximas semanas.
Formalizar la denegación de los derechos básicos
La Ley de Comisiones Militares propone autorizar y legalizar un nuevo sistema
para juzgar a "combatientes enemigos extranjeros ilegales". Con este sistema, un
tribunal militar decidirá el destino de los presos.
Esas comisiones militares se guiarán por reglas y principios ajenos a normas
judiciales fundamentales desde la fundación de este país.
No permitirán que los prisioneros "confronten a sus acusadores” ni oigan el
testimonio de los testigos que declaran contra ellos; tampoco podrán examinar
las pruebas en su contra y ni siquiera tendrán el derecho de estar
presentes durante la audiencia. Los jueces militares decidirán qué
podrán ver u oír y, naturalmente, el acusado no sabrá qué es lo que no quieren
que sepa.
En una palabra, pueden condenar y hasta ejecutar a una persona sin que sepa
cuáles son las pruebas y sin tener el derecho de montar una defensa.
Si un tribunal militar “de captores” condena a un preso, ¿dónde está el
derecho (supuestamente amparado por la Constitución) de tener un "jurado
imparcial"?
¿A quiénes podrán juzgar estas comisiones militares? La ley dice que son para
"combatientes enemigos extranjeros ilegales". Martin Lederman, profesor de
Derecho de la Universidad Georgetown, nos dijo que jurídicamente el "concepto de
'extranjero' es aplicable a millones de residentes permanentes legales” de
Estados Unidos. Agregó que el proyecto de ley aplica el término "combatiente
enemigo” a fuerzas y organizaciones que "incluyen pero no se limitan a
Al Qaeda, el Talibán, cualquier organización terrorista internacional o fuerzas
asociadas" (nuestro énfasis).
O sea que esta ley de linchamientos militares, que hoy se justifica con el
pretexto de combatir a Al Qaeda, se podría aplicar mañana contra otras
fuerzas.
El término "combatiente enemigo ilegal" quiere decir cualquier persona que
"ha apoyado las hostilidades y ayudado a fuerzas u organizaciones que participan
en ellas". Nadie puede decir precisamente lo que el gobierno quiere decir con
eso, pero es inquietante que el gobierno se atribuya el derecho de capturar a
una persona que "ha apoyado" políticamente a fuerzas que combaten contra Estados
Unidos en cualquier parte del mundo (aunque esa persona no haya participado en
las "hostilidades").
Esto tiene implicaciones muy peligrosas. Charles Gittings, del Proyecto de
Defensa de los Convenios de Ginebra, nos dijo: "El concepto básico es muy
sencillo: si Bush dice que uno es combatiente enemigo, entonces es combatiente
enemigo. Lo esencial del argumento jurídico es que si sindican de ‘terrorista’ a
una niña de dos años de Chicago, es una decisión irrevocable y ella es
terrorista porque el presidente así lo ha dicho. También está el concepto de
'apoyo material'. En la práctica eso quiere decir que solo deben acusar a
personas que puedan sindicar de forma verosímil de que tienen algo que ver con
el terrorismo, pero una vez que hagan eso, la norma es que uno es culpable por
asociación y culpable hasta que se compruebe la inocencia".
Por donde se vea, esta ley sería una burda charada judicial que le permitiría
al gobierno entablar cargos falsos, condenar y ejecutar. Consagraría
esas normas fascistas en el derecho y los precedentes penales.
Legitimar y legalizar la tortura
Un aspecto especialmente siniestro de la ley es que permite usar contra los
presos pruebas obtenidas por medio de "coacción". Históricamente, el uso de las
confesiones y pruebas obtenidas por medio de la tortura se ha considerado una
indignante práctica de la Inquisición. Ha sido una clara señal de un estado
policial. El derecho estadounidense por lo general ha dicho que esas "pruebas"
son "manchadas" y que no se pueden usar en los juicios (a pesar de que en
realidad la policía ha encerrado a mucha gente con "confesiones sacadas a
golpes"). Oficialmente, tanto el derecho de Estados Unidos como el derecho
internacional no reconocen las confesiones sacadas a la fuerza.
En el discurso del 6 de septiembre, Bush describió detalladamente cómo la CIA
recurrió a “métodos alternativos" para hacer hablar a un preso. En un artículo
sobre el discurso, el New York Times cuestiona muchas de sus
afirmaciones e informa que Human Rights Watch le dio al Times una lista
de 14 hombres que cree que el gobierno capturó inmediatamente después de los
ataques del 11 de septiembre y que todavía tiene detenidos en secreto. El
artículo dice: "Se cree que uno de ellos, Ibn al-Shaykh al-Libi, dio falsas
pistas sobre una conexión entre Irak y Al Qaeda después de que lo llevaron a
Egipto en 2002. El gobierno de Bush usó la información obtenida del señor
al-Libi para afirmar que Irak enseñó a miembros de Al Qaeda a usar armas
biológicas y químicas. Después se supo que el Sr. al-Libi inventó esos cuentos
en el penal para evitar que sus captores egipcios lo trataran mal".
(NYT, 8 de septiembre) Este ejemplo demuestra que no se trata, como
dicen los defensores de la tortura como el abogado Alan Dershowitz, de que sacar
pruebas con torturas es moral porque "salva vidas", sino de si se le va a
permitir a Bush mentir y torturar para destruir vidas.
Con la arrogancia de un mafioso que niega que ordenó una ejecución, Bush
declaró: "Quiero dejar esto en claro ante la ciudadanía y el mundo: Estados
Unidos no tortura. Es una violación de nuestras leyes y nuestros valores. No lo
he autorizado y no lo voy a autorizar". O sea, si él lo ordena, pues no es
tortura.
La ley que propuso Bush prohíbe ciertas técnicas específicas de tortura en
los interrogatorios. Pero definir lo que se permite y no se permite es en sí
parte del proceso de legitimar y legalizar la tortura. Unas 10 páginas de
la ley legalizan las salvajes técnicas de tortura que la CIA y las fuerzas
armadas han estado aplicando, como por ejemplo: exponer a temperaturas extremas,
el “submarino”, posiciones de estrés dolorosas y privación de sueño. La Ley de
Crímenes de Guerra de 1996 prohíbe tales técnicas y las declara delitos
graves.
Bush, Rumsfeld y sus apologistas jurídicos, como John Yoo, han cambiado
la definición de tortura para decir que sus salvajes "métodos alternativos"
no son tortura ni ilegales. Barbara Olshansky dijo en el programa Democracy Now
el 7 de septiembre que la nueva definición "dice que la tortura solo ocurre
cuando una persona está a punto de un paro de órganos o de morir".
* * * * *
Para los pueblos del mundo es una pesadilla que les caigan encima estos
ejércitos de asesinos y torturadores. Por todo el mundo han cometido injusticias
y maltrato, como en el penal Abu Ghraib de Irak, la base aérea Bagram de
Afganistán y Guantánamo, Cuba. Si el Congreso aprueba y codifica tal sistema,
con normas jurídicas vergonzosas y fascistas, tendría consecuencias de gran
alcance, y no solo para los presos juzgados en las comisiones militares. Serán
las normas y métodos que el imperio imponga para aplastar a quienes considere un
obstáculo a sus planes, aquí o en otras partes del mundo.
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