Inaceptable, ese proyecto; pone demasiadas trabas a indocumentados, señalan ONG
Bush busca militarizar la frontera en apoyo a su plan migratorio
El Pentágono analiza ya la movilización de tropas, en particular miembros de la
Guardia Nacional
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
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Indocumentados viajan en un tren carguero hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, con
el propósito de cruzar a Estados Unidos Foto Reuters /Carlos
Barria |
Nueva York, 12 de mayo. El presidente George W. Bush está considerando el
envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con
México, informaron hoy fuentes de la Casa Blanca. Esta opción podría ser parte
del mensaje que el lunes emitirá el mandatario a la nación con el fin de
promover la aprobación de una reforma migratoria.
La decisión presidencial sería parte de una estrategia tendiente a impulsar
el proyecto de ley que el Senado comenzará a debatir -después de semanas de
disputas internas- el lunes. La iniciativa a discusión podría ofrecer un camino
hacia la legalización de varios millones de inmigrantes indocumentados.
Aunque Bush y algunos legisladores reiteran la necesidad de una reforma
"humana", el presidente evalúa mayores medidas para militarizar la frontera con
México, y otros integrantes del Congreso insisten en que primero debe ser segura
la frontera sur, pues de otra manera no permitirán avance alguno hacia una
reforma migratoria que contemple la legalización.
Toda esta estrategia es elaborada mientras el secretario de Defensa Nacional
de México, general Gerardo Clemente Vega, se encuentra en Washington para una
reunión con su contraparte del Pentágono, Donald Rumsfeld.
De acuerdo con The New York Times, fuentes oficiales informaron que
Rumsfeld y Vega habrían discutido, entre otros asuntos, la posible asistencia
estadunidense en la capacitación y el equipamiento de tropas mexicanas en la
frontera.
Consenso para reiniciar discusión
El jueves el liderazgo del Senado anunció que había logrado llegar a un
acuerdo para reiniciar el debate en torno a una reforma migratoria. El líder de
la mayoría republicana, Bill Frist, y el de la minoría demócrata, Harry Reid,
informaron que habían logrado superar la disputa política sobre cómo proceder
con el asunto, y con ello presentarían una vez más el proyecto ante el pleno de
la cámara alta la próxima semana. Frist y Reid afirmaron que desean poder emitir
un voto final sobre el proyecto de ley en los últimos días de este mes.
La iniciativa bajo consideración es resultado de una negociación sobre el
borrador aprobado por el Comité Judicial, conocido como el Hagel-Martinez (por
sus patrocinadores, los senadores Chuck Hagel y Mel Martinez). El proyecto
original incluye mecanismos para la legalización de indocumentados que cumplan
con ciertos requisitos, un programa de trabajadores huéspedes y mayores medidas
de seguridad fronteriza. La disposición agrega más obstáculos y limitaciones a
las vías de legalización, entre otras cosas, y éste es el punto de mayor
preocupación para las coaliciones y los movimientos pro inmigrantes.
El nuevo proyecto divide en tres grupos a los aproximadamente 12 millones de
indocumentados en el país. El primero lo integran quienes han residido aquí
durante más de cinco años (entre 5 y 7 millones, de acuerdo con cálculos del
Foro Nacional de Inmigración), y éstos pueden conseguir la legalización y
encaminarse a la ciudadanía si cumplen con una serie de requisitos, pagan una
multa de 2 mil dólares y comprueban que no tienen historial criminal.
El segundo grupo lo integran quienes han estado aquí entre dos y cinco años
(unos 3 millones). Estos serían obligados a regresar a sus países de origen y se
les permitiría reingresar legalmente.
El tercer grupo está formado por quienes han estado aquí menos de dos años
(unos 2 millones), que no califican para este programa de legalización y
tendrían que volver a sus países, y sólo podrían regresar a través de un
programa de trabajadores huéspedes temporales.
Además hay una serie de obstáculos y condiciones en el actual proyecto de
ley, que implicaría la descalificación de varios millones más en el proceso de
legalización.
Por esas razones, agrupaciones nacionales pro inmigrantes han declarado que
la versión actual es inaceptable, ya que hay demasiadas trabas, condiciones y
limitaciones que implicarían, además de la descalificación de millones de
indocumentados, una serie de medidas punitivas que facilitan la deportación.
"Queremos legalizar a 12 millones, no sólo a 3 o 4 millones... eso no es
aceptable", declaró este viernes Michelle Waslin, directora de Investigaciones
sobre Política Migratoria del Consejo Nacional de la Raza, en una
teleconferencia. A su vez, Vanesa Cárdenas y Lynn Tramonte, del Foro Nacional de
Inmigración, señalaron que la versión actual, sin cambios, tendría que ser
rechazada.
El debate en el Senado está programado para durar casi toda la semana
próxima, cuando se votará sobre una serie de enmiendas, algunas negativas, con
consecuencias posiblemente fatales para una reforma, y otras que intentarán
"componer" algunas de las disposiciones a las que se oponen los promotores de
una legalización amplia.
Sin embargo, aun si se logra -lo cual no está garantizado- aprobar una
iniciativa en el Senado, ésta deberá ser negociado con la versión ya aceptada en
la cámara baja en diciembre, el famoso proyecto de ley Sensenbrenner.
La versión de la cámara baja -cuya aprobación provocó en gran medida las
grandes movilizaciones de protesta de los migrantes en los últimos meses- sólo
se enfoca sobre medidas punitivas y de seguridad fronteriza. Ya que se espera
que habrá gran diferencia entre ambas versiones, nadie se atreve a pronosticar
si se logrará concluir un acuerdo para una reforma migratoria en Estados Unidos
en este año.
A la vez, y respondiendo a las presiones políticas de algunos sectores sobre
el asunto de seguridad fronteriza, se reveló que el gobierno de Bush ha
solicitado al Pentágono desarrollar ideas de cómo podrían participar los
militares en operaciones de apoyo a las fuerzas civiles encargadas de dar
seguridad a la frontera sur.
La agencia Ap informó hoy que el Pentágono ha ordenado la exploración de
opciones para el uso de tropas y recursos militares, particularmente la Guardia
Nacional, en la frontera con México.
