Bush y la tortura
Cualquiera que todavía se pregunte si es necesaria una investigación penal y
de enjuiciamiento a George Bush y los altos funcionarios de su administración,
debería tomar nota de las últimas revelaciones descubiertas: la CIA destruyó 92
cintas de vídeo que documentan presuntas torturas.
Esta confesión está contenida en una carta que el gobierno federal presentó
ante el tribunal el día de ayer. Como parte de un pleito, la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) había exigido que la CIA entregue cintas y grabaciones
sobre el tratamiento de los prisioneros bajo custodia de los EE.UU. en el
extranjero. Se espera que una investigación federal, iniciada hace más de un
año, sobre la destrucción de las cintas termine pronto.
La carta, según la ACLU, ofrece más pruebas para acusar a la CIA de desacato
ante el tribunal.
Esta flagrante violación está lejos de ser un episodio aislado. De hecho, esa
es la razón por la que las organizaciones por las libertades civiles, activistas
por los derechos humanos, y una serie de líderes han exigido una investigación
completa e independiente, que no sólo ponga de manifiesto el alcance de la
vulneración de la ley por parte de la administración Bush, sino también que
exija responsabilidad por las violaciones.
Los críticos con este proceso o con una legislación que introduzca una
comisión investigadora, califican dichas medidas como venganza política e
inviable. Algunos líderes demócratas continúan sugiriendo que el país debe mirar
hacia adelante, como si la búsqueda de la justicia fuera una molestia.
Esta actitud, sin embargo, amenaza con erosionar la fuerza de las leyes y un
sistema judicial que se supone sirven como controles. Y envía un mensaje
peligroso a las personas en el timón de nuestra nación, ahora y en el futuro, de
que los actos de tortura y abusos cometidos en el poder, en última instancia,
pueden quedar impunes.
La orden del ejecutivo del presidente Obama contra “water-boarding” fue un
comienzo, pero está lejos de ser suficiente. Tenemos que pedir cuentas a los que
autorizaron la comisión de delitos.
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