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Como presidente invocó el “privilegio ejecutivo” y lo extendió más allá de su
mandato
Bush dejó un “indulto a perpetuidad”, sin precedente, para sus asesores más
cercanos
■ Posponen para el día 23 la comparecencia del ex colaborador Karl Rove ante
el Congreso
David Brooks (Corresponsal)
3 de febrero de 2009
La Jornada
Nueva York, 2 de febrero. ¿La absolución a perpetuidad? Resulta que uno de
los últimos actos de George W. Bush como presidente fue emitir una orden sin
precedente en este país: una especie de indulto a perpetuidad para sus más
cercanos asesores en la Casa Blanca y, en consecuencia, para él también.
Cuatro días antes del fin de su mandato, el 16 de enero, el abogado de la
Casa Blanca envió cartas a Karl Rove, asesor y estratega más cercano a Bush; a
su jefe de equipo, Josh Bolten, y a la ex abogada de la Casa Blanca Harriet
Miers, con instrucciones de negarse a cumplir las solicitudes del Congreso para
comparecer sobre el asunto del manejo político de la contratación de fiscales
federales, escándalo que obligó a la renuncia del procurador general Alberto
Gonzáles, reportó la revista Newsweek.
Las cartas informan a sus colegas que el presidente les instruye a negarse a
cooperar con las investigaciones del Congreso en torno a alegatos de conducta
ilícita durante su gobierno. “Anticipamos que uno o más comités del Congreso de
Estados Unidos podrían intentar una vez más llamar a comparecer al señor Rove,
obtener testimonios o documentos sobre el tema de los fiscales federales. Favor
de informar al señor Rove… que el presidente mantiene la orden de no otorgar
información (sea en forma de testimonio o documentos) al Congreso sobre este
tema”, dice la carta enviada a Rove, y a los otros dos, por Fred Fielding, el
abogado de la Casa Blanca de Bush, reveló Newsweek.
Según expertos legales, estas cartas equivalen a una especie de indulto
perpetuo. Durante su presidencia, Bush argumentó que sus asesores no estaban
obligados por ley a presentar testimonio sobre la toma de decisiones o
discusiones privadas con él en la Casa Blanca. Se afirmaba que sin ese
“privilegio ejecutivo”, el cual excluye divulgar el contenido de esos
intercambios, no podrían realizarse intercambios francos entre el equipo
presidencial.
Por lo tanto, la Casa Blanca de Bush insistió en que Rove y los otros
asesores gozaban de “inmunidad absoluta” frente a las investigaciones del
Congreso sobre estos asuntos.
Pero el poder que desea ejercer el ex presidente va más allá. Lo que implica
es que cualquiera de sus colaboradores más cercanos estaría exento de toda
investigación legal, incluso de índole criminal, para siempre. Anteriormente se
ha declarado el “privilegio ejecutivo” sólo cuando un presidente está en
funciones.
Muchos observadores pronosticaban que Bush, en sus últimas horas en la
presidencia, otorgaría indultos y otras protecciones legales a sus asesores y
colaboradores más cercanos, entre ellos el vicepresidente Dick Cheney, su ex
secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y asesores como el propio Rove. Cuando
no otorgó un indulto presidencial a Lewis Scooter Libby, brazo derecho de Cheney
(después de ser condenado por obstrucción de justicia en el caso de la
divulgación de la identidad de una agente clandestina de la CIA, así como una
retribución política a críticos del presidente), hasta el propio Cheney lo
criticó, y otros se quedaron sorprendidos de que Bush abandonara Washington sin
proteger a sus cómplices.
Aparentemente menospreciaron al ahora ex presidente. Además, aún no se sabe
si esta carta fue enviada también a otros colaboradores y hasta integrantes de
su gabinete.
Esta afirmación de un “privilegio ejecutivo” infinito, que evita que los
colaboradores de un presidente divulguen ante el Congreso sus actividades e
intercambios dentro de la Casa Blanca, será ahora sujeto a un batalla legal
donde no sólo los tribunales y el Congreso participarán, sino también el nuevo
presidente Barack Obama cuyo equipo legal tendrá que definir su posición sobre
el asunto.
Por el momento, este tema contribuyó a otra demora más en los esfuerzos del
Congreso de obligar a Rove a testificar sobre el manejo político del despido y
la contratación de fiscales federales. Rove ya estaba citado para presentarse
hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero la sesión fue
postergada hasta el 23 de febrero.
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