Atemorizan comunidad en nombre de la seguridad
08/26/2007
Agustín Durán
MARICOPA, AZ/La Opinión — La semana pasada Héctor fue uno de los 500
inmigrantes que llegan diariamente deportados a Nogales, Sonora. Había
permanecido un mes en la cárcel de Durango, ubicada en el condado de Maricopa,
sólo porque no presentó su licencia de conducir cuando el policía lo detuvo. Su
‘delito’: el parabrisas de su automóvil tenía una quebradura.
Eran los últimos de una oleada de arrestos que las autoridades migratorias,
el Sheriff, la Policía local y la Patrulla Fronteriza han realizado en los
últimos meses. Todo, en nombre de la seguridad y de la lucha contra la violencia
en su comunidad.
Casualmente, y de acuerdo a datos de la Oficina de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE), desde enero de 2007 hasta mayo del mismo año, 1,895 inmigrantes
sin documentos fueron detenidos y de ellos únicamente 40 eran criminales. Estos
simplemente fueron datos conservadores que Alonso Peña, jefe de ICE en Arizona,
presentó. Pero, asegura que el número es mayor.
Mientras tanto, Joe Arpaio, Sheriff de Maricopa, el condado más grande de
Arizona, no puede disimular su orgullo al anunciar que gracias a la Ley
Anticoyote, escrita para castigar en forma severa a los traficantes de personas,
ya ha detenido a 647 inmigrantes en lo últimos 14 meses, que actualmente esperan
un juicio.
Del total de detenidos, sólo 80 personas traficaban personas, el resto eran
las presuntas víctimas que viajaban con ellos. Según el Sheriff, han sido
acusados de conspiradores de tráfico, “porque ellos le pagaron a los traficantes
para cometer su crimen”.
Pero esas no son las únicas malas noticias para los inmigrantes
indocumentados. Gracias a las nuevas leyes que han implementado los legisladores
y el gobernador con el aval de los votantes en las urnas, estas personas no
podrán salir ni bajo fianza, ni mucho menos que sus familiares sin documentos
los visiten porque podrían acabar como ellos.
Arpaio subraya que diariamente salen de sus cárceles unas 20 personas con
destino a las oficinas de ICE, mismas que son procesadas y regresadas a su país
de origen, en su mayoría a México.
Generalmente, son individuos que fueron detenidos por manejar sin licencia,
cometer una violación de tránsito o por un delito menor. Después de permanecer
encarcelados de uno a seis meses son deportados.
Todos estos individuos ya fueron fichados por las autoridades como criminales
y si regresaran y vuelven a ser detenidos, ya sea por Inmigración o por el
Sheriff, serían acusados de un delito mayor, que les podría costar hasta seis
años a la sombra.
“Lo que estamos buscando es que poco a poco la gente regrese a México, no
sólo los que van cruzando, sino los que ya llevan años viviendo en el país”,
dijo Arpaio.
A pesar de que el Sheriff ha dicho públicamente que su intención es deportar
a las personas sin documentos, y ha puesto anuncios en las autopistas con un
teléfono para que la gente reporte a las autoridades a las personas que
sospechen son indocumentadas, autoridades del estado han dicho que en el primer
momento que se vea al Sheriff violar los derechos humanos o usar el perfil
racial para realizar arrestos, entonces le pararán su show.
Mientras tanto, los registros de las cárceles del condado cada vez se llenan
con más nombres latinos. De acuerdo con Paul Chagolla, vocero del Sheriff, hasta
el 31 de julio, de los más de 10 mil presos, cerca de 50% de la población en las
ocho prisiones eran de origen latino, número que contrasta con 30% de la
población que compone en el condado.
Uno de ellos fue el esposo de la señora Aceves, quien fue detenido porque su
automóvil tenía la quebradura en el parabrisas. Su marido fue encarcelado un mes
y posteriormente deportado. Ella ya no lo pudo ver porque tampoco tiene
documentos.
“Antes veía uno a la policía y se sentía seguro, ahora los mira y lo único
que provocan es miedo y nerviosismo. Ya no se puede salir a la calle por temor a
que lo vayan a detener o alguien simplemente lo reporte a las autoridades porque
crea que es indocumentado”, expresó la señora, quien posiblemente regrese a su
natal Guadalajara para estar con su esposo y con sus tres hijos.
‘Estado de emergencia’
Debido al gran número de detenciones y medidas de las autoridades, los
activistas latinos ya han declarado la ciudad en estado de emergencia, han
convocado marchas y hasta le piden a la comunidad que ahorre para estar
preparados por cualquier cosa.
“El condado de Maricopa se ha convertido en el frente de batalla de los
hispanos en Estados Unidos. Estamos en la trinchera más caliente de la lucha
contra el inmigrante. Es demasiado doloroso, y te lo digo con lágrimas en mis
ojos, escuchar las llamadas diarias de 20 o 30 familias que son víctimas de las
vejaciones, no sólo por parte del Sheriff y los policías, sino del personal del
DMV (Departamento Estatal de Transporte) y del Departamento de Servicios del
condado, de hospitales y hasta de supermercados, por el simple hecho de pensar
que toda nuestra comunidad es ilegal”, expresó Elías Bermúdez, un activista pro
inmigrante.
Magdalena Schwartz, de ‘Latino Community Services’, comparó la
situación del inmigrante en Arizona con la que vivieron los afroamericanos a
mediados del siglo pasado.
“La situación es caótica. Se vive un ambiente caliente de racismo y
antiinmigración y, al mismo tiempo, de miedo de las familias. Hay poca
misericordia de nuestros hermanos blancos. Lo que vemos es el mismo tipo de
persecución que vivieron los negros en los tiempos de Martín Luther King. Lo
único que falta es que nos quemen nuestras casas y nos linchen”, expresó la
activista.
A pesar del grito desesperado de los grupos pro inmigrantes, en el Consulado
de México en Phoenix no creen que el asunto sea tan grave. El cónsul general
Carlos Flores asegura que no cree que la mayoría de las cárceles estén llenas de
latinos y da a entender que si las personas fueron detenidas fue por algo y
Estados Unidos es una nación de leyes.
Su visión parece diferir sustancialmente de quienes claman por un mejor trato
a los inmigrantes indocumentados. Sus respuestas parecían dar rodeos sobre el
meollo de las preguntas.
¿Considera que Maricopa se encuentra en estado de emergencia para los
inmigrantes?, se le preguntó a Flores.
“Vamos a contestar esa pregunta de esta manera: el clima que se vive en
Arizona es el más hostil de todo el país”, dijo Flores. Pero luego de varios
minutos de explicación sobre el ambiente contra los inmigrantes indocumentados
en el estado, no consideró que lo que pasa en Maricopa sea motivo de escándalo o
emergencia para la comunidad que representa.
Sin apoyo del consulado
Muchos de los familiares y los activistas han indicado que prefieren ya no
llamar al consulado, ya que ni los apoya, ni contestan los teléfonos y, lejos de
recibir ayuda, terminan con más coraje porque ya no tienen a quién recurrir.
El cónsul Flores subrayó que siempre a sus connacionales detenidos se les
proporciona información y ayuda legal, además de tarjetas para que llamen a sus
familiares y un depósito de 50 dólares en una cuenta del comisario para que
compren lo necesario.
Por si fuera poco, este tren de detenciones, lejos de disminuir, aumentará en
los siguientes meses ya que Peña, del ICE, indicó que por lo menos tienen 13
solicitudes de agencias del orden en todo el estado que están pidiendo sus
servicios.
Actualmente, entre las ciudades y condados más importantes con los que
trabaja el ICE están la ciudad de Phoenix, capital y motor económico del estado,
la ciudad de Mesa, Tucson y el condado de Maricopa, entidad que alberga a más de
la mitad de la población de los cerca de 6.5 millones que tiene el estado.
Para complementar el drama que han vivido miles de familias en el estado del
suroeste de la nación, el gobierno del estado el mes pasado y el gobierno
federal la semana pasada vinieron a intensificar negativamente el panorama de
los inmigrantes.
El 2 de julio la gobernadora del estado Janet Napolitano firmó la Iniciativa
HB-2779 que obliga a los empleadores, a partir del 1 de enero de 2008, comprobar
la legalidad de sus trabajadores, de lo contrario serán sancionados.
Y en un segundo frente, el gobierno federal anunció que, a partir de
septiembre, aumentará las sanciones contra los dueños de negocios que contraten
personal que no vivan legalmente en este país.
Esta última medida vino acabar con el sueño de miles de inmigrantes que
esperaban que una corte o una demanda detuviera las iniciativas contra ellos.
En su discurso la gobernadora, quien luchó por una reforma migratoria, indicó
que firmó la medida de sancionar a los dueños de negocios porque le pareció
injusto que sólo los trabajadores ilegales fueran castigados, cuando era la
necesidad de mano de obra barata de compañías lo que los atraía.
Desafortunadamente, la medida HB2779, en su intento por castigar a los
empresarios, también afectará a los inmigrantes sin documentos, porque cada vez
será más difícil conseguir un empleo sin documentos legales.
agustin.duran@laopinion.com
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