Revolución #50, 11 de junio
2006
El “acuerdo razonable” del Senado: Una pesadilla para los
inmigrantes
Si van a decir que cruzar fronteras sin permiso es un delito que no se
puede tolerar y que se debe castigar; ¡¿qué dicen de George Bush, Dick Cheney,
Donald Rumsfeld, C. Rice (y, sí, Colin Powell) y el resto de esa pandilla,
quienes “cruzaron la frontera”… de Irak y de muchas partes más sin permiso y con
terrible violencia?!
El 26 de mayo el Senado aprobó un proyecto de ley de inmigración que
supuestamente es un “acuerdo razonable”, pero que en realidad es una pesadilla
para los inmigrantes porque aumenta la penalización de los
indocumentados, los bancos de datos y las redes de espionaje (lo que afectará a
todos, no solo a los inmigrantes), y la descarada explotación de los
trabajadores inmigrantes.
- El proyecto de ley del Senado aprueba la detención de inmigrantes en bases
militares mientras esperan deportación o una audiencia de asilo. Pueden detener
por un período indefinido a quienes no sean aceptados en su país de
origen o si hay “razón fundada”, lo cual es casi imposible de apelar.
Pueden deportar con “pruebas secretas”, que antes solo se usaban en casos de
terrorismo.
- Cataloga a los inmigrantes según el tiempo que han estado aquí: los que
lleven más de cinco años supuestamente tendrán la oportunidad de ser ciudadanos
(pero en realidad serán muy pocas personas, como veremos). Los que lleven entre
dos y cinco años tendrán que presentarse a “puertos de entrada” (ya sea en las
costas o en la frontera), sin importar a qué distancia estén, y cuando se
presenten se encontrarán ante un dilema: tendrán que comprobar cuántos años
tienen aquí, pero si resulta que han usado documentos falsos, como un número de
Seguridad Social, no se les permitirá quedarse y los podrán deportar. Ya vimos
lo que pasó cuando los sudasiáticos y musulmanes recibieron órdenes de
presentarse al gobierno en 2003 y deportaron a casi 500.
- Autoriza a la policía a entregar a los inmigrantes a la Migra para que los
deporte, lo cual pone a millones en riesgo de que cualquier encuentro con la
policía los separe de la familia para siempre. Además, declara guerra contra la
juventud latina y de otros grupos inmigrantes con el pretexto de la lucha contra
las pandillas; cualquier persona que un policía clasifique de
“pandillero” (sin ningún criterio establecido) puede ser deportada. Un estudio
del “Banco de Datos de Pandillas” del Departamento de Policía de Los Ángeles
realizado en 1992 indicó que el 94% de más de 100,000 chavos del banco de datos
(dos tercios eran latinos) no cometieron ningún delito (ver “Demonizing Youth”,
de Linda S. Beres y Thomas D. Griffith, Loyola Los Angeles Law Review).
- Crea una zona especial de 160 kilómetros a partir de la frontera en la cual
no se aplican los trámites normales para solicitar asilo político. Por ejemplo,
una persona que viene huyendo de persecución política no podría solicitar asilo
si se encuentra con policías o agentes de inmigración en San Diego.
- El proyecto de ley del Senado no es un “camino a la ciudadanía”,
como dice la prensa burguesa. Niega ciudadanía a cualquiera que haya sido
condenado de un “delito grave” (como tener documentos falsos) o de tres delitos
menores, sin importar hace cuánto ocurrieron. Cualquiera que haya usado
documentos falsos para trabajar, o sea millones de personas, quedaría
descalificado y correría el riesgo de ser deportado. No está claro todavía
cuántas personas recibirían ciudadanía, pero las organizaciones que velan por
los derechos de los inmigrantes, como National Immigration Project, dicen que
muchos no podrán ser ciudadanos.
- Además, crea un programa de trabajadores huéspedes que legitima más la
explotación de los inmigrantes y establece por ley que son personas de segunda
categoría. (Ver “La
cruel realidad de los programas de 'trabajadores huéspedes’”,
Revolución #48) A los trabajadores huéspedes los contratarán para los
trabajos más pesados y peligrosos, y vivirán siempre endeudados y bajo la
amenaza de que los deporten o que les pase algo peor, y luego los descartarán
cuando ya no los necesiten. Bush y otros han dicho categóricamente que esos
trabajadores no serán ciudadanos.
Ahora, los proyectos de ley de la Cámara y el Senado los revisará un comité
que podría incluir al congresista Sensenbrenner, el patrocinador del proyecto de
ley que quiere penalizar a cualquier persona que ayude a un inmigrante. Por eso,
la ley de “conciliación” de la Cámara y el Senado será peor que lo que propone
el Senado.
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