Abogados listos para luchar contra medida antiinmigrante en Pensilvania
El Diario - 03/08/2007
Nueva York/EFE — Un juez federal examinará el próximo lunes una ordenanza de
la ciudad de Hazleton, en Pensilvania, que prohíbe emplear o alquilar viviendas
a indocumentados y que fue impugnada por varias organizaciones civiles.
El “acta de alivio contra la inmigración ilegal” fue aprobada el pasado julio
por el Concejo de la ciudad y enmendada en septiembre, pero no ha sido puesta en
vigor ya que fue bloqueada temporalmente por el juez federal James M. Munley en
tanto se ventila en corte.
El lunes, casi un año después de que el alcalde Lou Barletta comenzara una
campaña antiinmigrante, el Fondo Legal y Educativo Puertorriqueño, la Unión de
Libertades Civiles (ACLU) y otros abogados presentarán pruebas de que la medida
es discriminatoria, anticonstitucional, y viola los derechos de sus
clientes.
Barletta ha argumentado que los indocumentados han traído drogas, delitos,
pandillas y han perjudicado la calidad de vida de la ciudad.
Sin embargo, según los abogados no hay evidencia de que los indocumentados
sean responsables de la criminalidad.
Pero esta ordenanza no sólo afectará a indocumentados, sino que impactará
además a residentes legales y ciudadanos que tendrán que probar su estatus legal
al alquilar o solicitar empleo, según se informó hoy en una conferencia previa
al inicio del caso, que es el primero que llega a la corte federal.
Barlettan ha insistido en que hará cumplir la ordenanza y que si tiene que
llevar esta batalla al Tribunal Supremo de EE.UU. lo hará.
Entre los argumentos contra la ordenanza, la abogada Linda Kaiser reiterará
que Hazleton está usurpando el poder del Gobierno federal de regular la
inmigración a EE.UU.
También de que viola la libertad de expresión ya que cuando la ordenanza fue
enmendada en septiembre se estableció el inglés como idioma oficial en la
ciudad.
Los abogados presentarán como testigos a residentes legales, entre éstos a
comerciantes que ya han sido afectados aunque la medida no ha entrado en vigor y
a indocumentados y alegarán que éstos han contribuido a la economía y han hecho
de Hazleton una mejor ciudad.
Entre su lista de testigos figurará el propio alcalde, así como expertos en
inmigración, aunque no entraron en detalles.
No obstante, aclararon que el juicio “no se trata sobre la inmigración
ilegal, sino sobre la constitucionalidad de la ordenanza y de lo que ocurre en
Hazleton".
César Perales, presidente del Fondo Legal y Educativo Puertorriqueño, comentó
que la iniciativa invita a la discriminación y que de ser aprobada hará de los
inmigrantes latinos blanco de esa discriminación.
La ciudad de Hazleton fue la primera en el país en adoptar una ordenanza
municipal que penaliza con mil dólares diarios a las empresas que contraten a
inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.
Hazleton, a 130 kilómetros de Filadelfia, tiene una población estimada de
unas 31.000 personas, de los cuales el 30 por ciento es latino.
Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos llegaron en los años ochenta,
algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y
muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.
Pero en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente la presencia de
inmigrantes latinos, atraídos por los empleos en las procesadoras de carne y en
fábricas, posiblemente hasta sumar unos 10.000, según cifras municipales.
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