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18 de abril de 2006
Ley de inmigración entra en vigor en Georgia, veto en Arizona
Por Karen Jacobs
ATLANTA (Reuters) - El estado norteamericano de Georgia puso en vigor el
lunes una amplia medida contra los inmigrantes ilegales, que entre otras cosas
impide que éstos accedan a muchos servicios estatales.
Al mismo tiempo, en una señal de la división que existe en Estados Unidos
sobre la cuestión de la inmigración, la gobernadora de Arizona vetó un proyecto
de ley que hubiera permitido que los trabajadores indocumentados pudieran ser
procesados ante la justicia como intrusos.
Esto tiene lugar en momentos en que el gobierno federal y los estados
consideran cómo responder a un total estimado de 11 a 12 millones de
trabajadores sin papeles, mientras que los inmigrantes, en su gran mayoría
hispanos, muestran su fuerza política con manifestaciones masivas en las
ciudades.
En Georgia, el gobernador republicano Sonny Perdue firmó y puso en vigencia
la Ley de Seguridad y Cumplimiento de la Inmigración, que también obliga a los
contratistas que hacen negocios con el Estado a verificar el estatus legal de
los nuevos empleados.
Esta ley además prevé que la policía notifique a los funcionarios de
migraciones cuando las personas acusadas de delitos sean inmigrantes
ilegales.
"Nuestra responsabilidad es asegurar que no se abuse de nuestra famosa
hospitalidad de Georgia, que no se aprovechen de nuestros contribuyentes y que
nuestros ciudadanos estén protegidos," dijo Perdue antes de firmar la ley.
En cambio, la gobernadora de Arizona, la demócrata Janet Napolitano, vetó el
proyecto de legislación de su estado, el sitio más álgido de los cruces ilegales
a través de la frontera de Estados Unidos con México.
Napolitano dijo que no había recursos para pagar mayores esfuerzos por parte
de los policías y las autoridades judiciales.
Bajo la propuesta que estaba en consideración en este estado, los infractores
que cometieran su primer delito hubieran enfrentado cargos de delito menor, con
penas de hasta seis meses de cárcel. Una segunda infracción hubiera sido un
delito mayor, con penas de hasta un año de prisión.
Los funcionarios de Arizona también se mostraron preocupados por el efecto
que esta medida hubiera tenido en la comunidad.
"Existe una preocupación real de que los inmigrantes no denunciarían delitos
por temor a ser entregados a los agentes federales," dijo Wendy Balazik, una
portavoz de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, formada por 20.000
miembros.
"Las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley hubieran perdido una
información muy valiosa," agregó.
Cientos de miles de personas han salido a las calles en actos en las
principales ciudades de Estados Unidos en semanas recientes, exigiendo derechos
para los inmigrantes ilegales en el país.
Con respecto a la ley aprobada en Georgia, Sara González, directora general y
presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana del estado, sostuvo que se
trata de un "proyecto punitivo (...) este es un tema muy complicado y no veo que
salga nada bueno de esto."
Fuera del Capitolio de Georgia, un puñado de manifestantes celebró cuando se
conoció la información de que se había firmado la ley sobre la inmigración. La
medida había obtenido un respaldo abrumador en ambas cámaras de la Legislatura
de Georgia, controlada por los republicanos.
(reporte adicional de David Schwartz en Phoenix)
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