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Revolución #136, 20 de julio de 2008
Nueva ley de intervención electrónica:
Un gran salto en la gran-hermanización de la sociedad
El 10 de julio, George Bush firmó una ley aprobada por el Congreso que da al
gobierno el poder oficial de espiar las llamadas telefónicas, emails y otras
comunicaciones de la gente en Estados Unidos sin órdenes judiciales. La
ley, conocida como la Ley de Enmiendas de FISA de 2008, básicamente
legaliza el programa de intervención sin órdenes llevado a cabo por la
super-secreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que el régimen de Bush empezó
a escala masiva justo después del 11 de septiembre, en violación de las leyes
existentes entonces. Y da inmunidad a las compañías de telecomunicaciones de
demandas en su contra por ayudar esa operación ilegal, lo que impide que la
gente demande a esas compañías, pero para colmo tiene el propósito de ocultar el
alcance del espionaje ilegal del gobierno.
FISA es la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que fue aprobada en
1978 por el Congreso después de las denuncias y las protestas contra la racha
desenfrenada de intervenciones electrónicas, entradas a hurtadillas en hogares y
oficinas, y otras acciones de la policía política contra una amplia gama de
gente a mediados de los 1970. En parte, las objeciones a esas operaciones
vinieron de fuerzas en la clase dominante blancos del mismo espionaje y
operaciones gubernamentales secretas. El senador Patrick Leahy de Vermont habló
en contra de la renovación de FISA con cláusulas que prohíben demandas contra
las compañías de comunicaciones; dijo: “Por medio del Programa COINTEL, Hoover
espió a norteamericanos que objetaban y denunciaban la guerra de Vietnam, que
esencialmente incluyó al 100% de la delegación de Vermont en el Congreso”. FISA
estipuló algunas limitaciones contra esa clase de actividad, mientras dio rienda
suelta a los organismos de inteligencia para espiar a gobiernos y “agentes”
extranjeros, y requirió órdenes judiciales para intervenir electrónicamente a
“personas estadounidenses”, que quería decir ciudadanos y residentes legales. La
corte secreta establecida por FISA casi siempre da una luz verde a órdenes de
vigilancia. Por ejemplo, las cifras del propio gobierno de 2004 revelan que
ninguna de las 1.758 órdenes para intervenciones fue negada por esta
corte.
Pero el régimen de Bush decidió, en secreto, que FISA y su corte, que
operaban a puertas cerradas y básicamente aprobaban maquinalmente toda petición
de espionaje, ponían demasiadas restricciones en cuanto a la capacidad
del gobierno de espiar a la gente en Estados Unidos cuando quiera y donde quiera
(y había demasiado riesgo de que se revelara documentación del espionaje secreto
gubernamental). Inmediatamente después del 11 de septiembre, la Casa Blanca
lanzó el programa secreto de la NSA de intervenciones que pasó por alto FISA,
permitiendo vigilancia sin ni siquiera órdenes formales.
Espionaje masivo y sin precedentes
Es importante entender la naturaleza y el alcance sin precedentes de la
gran-hermanización de la sociedad estadounidense mediante la vigilancia secreta
de las comunicaciones de la gente que se ha estado llevando a cabo por años. Los
avances de la tecnología han creado la base para que el gobierno llevara a cabo
vigilancia de gran envergadura y recopilación de llamadas telefónicas, emails y
otras comunicaciones electrónicas a una escala nunca vista antes ni en ninguna
otra parte del mundo. Algo de esto fue revelado por un ex técnico de la
AT&T, Mark Klein, que ha hablado en público de la existencia de un cuarto
secreto en la oficina de San Francisco de la compañía de telecomunicaciones, que
se reservaba para la NSA.
Cuando en 2005 se denunció en público el programa de intervención sin órdenes
de la NSA, la administración de Bush lo defendió, diciendo que era parte de la
“guerra contra el terror” y que su blanco era Al Qaeda. El procurador general
Alberto Gonzales declaró: “Como dijo el presidente, si estás hablando con Al
Qaeda, queremos saberlo”. Pero Mark Klein reveló que el blanco era mucho más
amplio; según el Washington Post, éste “alegó que la NSA estableció un
sistema que succionaba datos del Internet y de llamadas telefónicas de
norteamericanos comunes con la cooperación de la AT&T. A diferencia del
argumento del gobierno de que su vigilancia tuviera en la mira a terroristas en
otros países, dijo Klein, mucho datos enviados por la AT&T a la NSA eran de
intervenciones en Estados Unidos. Klein dijo que cree que la NSA estaba
analizando los datos para patrones de uso así como para el contenido”. Según
Klein, la mayor conexión establecida por la NSA en el cuarto secreto de la
AT&T llevaba 2.5 gigabits de datos, el equivalente de la cuarta parte del
texto de la Enciclopedia Británica, cada segundo. Klein le dijo a la
Nacional Public Radio que toda la comunicación por teléfono y por
internet que pasaba por la instalación de la AT&T fue canalizada a la NSA, y
que millones y millones de llamadas telefónicas en Estados Unidos fueron
monitoreadas por la NSA (All Things Considered, 11 de julio de
2007).
El cuarto secreto de la NSA en la AT&T fue solamente una parte de la
operación de la NSA; otras compañías, como Verizon y BellSouth, participaron.
(Una compañía, Qwest, se negó a cooperar.) Hoy, las comunicaciones electrónicas
que entran y salen de Estados Unidos, así como muchas comunicaciones entre
lugares fuera de Estados Unidos, se envían por gigantescos “nodos de
conmutación” ubicados en Estados Unidos y operados por esas compañías. La NSA
intervenía por medio de “enchufarse” a esos centros que manejan enormes
cantidades de llamadas, emails y tráfico del internet todos los días. Se
mandaban las comunicaciones interceptadas al Fuerte Meade, Maryland, donde la
NSA tiene la mayor acumulación de poder informático del planeta.
Y el programa de intervención sin órdenes que se reveló puede ser solamente
un elemento de la extensa vigilancia secreta llevada a cabo por la NSA y otras
dependencias. La Fundación de Fronteras Electrónicas señala que “numerosas
noticias han descrito un programa mucho más amplio, que vigila las
comunicaciones de norteamericanos comunes”.
La intervención sin órdenes de la NSA siguió en secreto por años. Cuando
quedó al descubierto, el régimen de Bush empezó una campaña para
legitimar esta vigilancia masiva sin órdenes por medio de una ley (tal
como se legalizó y se legitimó la tortura por medio de la Ley de Comisiones
Militares de 2006).
Ira ahogada por demócratas
La revelación de la intervención ilegal de la NSA desató mucha ira por toda
la sociedad. La vigilancia masiva de las comunicaciones de millones y millones
de personas en este país justamente evocó imágenes de los regímenes draconianos,
odiados y represivos que se sienten obligados a espiar ampliamente a sus
súbditos. Al mismo tiempo, estas denuncias, en la forma de un artículo del
New York Times que dijo que un integrante de alto nivel del gobierno ha
filtrado la información, son señales de la verdadera lucha en la cúpula, entre
los imperialistas de la clase dominante. Bush y otros lanzaron acusaciones poco
veladas de “traición” en contra de los demócratas y el propio New York
Times, mientras que el demócrata de peso Al Gore declaró que Bush “ha
estado violando la ley, de manera repetida e insistente”. (En el curso de la
controversia, el equipo de Bush señaló que la administración de Clinton/Gore
había sentado precedente para lo que se hacía ahora, llevando a cabo
intervenciones ilegales sin órdenes, en una escala menor.)
Pero esta lucha en la cúpula se quedó entre límites muy estrechos. Los
gobernantes y sus representantes políticos aceptan la necesidad de organismos
como la NSA, cuyo propósito es espiar a sus rivales imperialistas y otros
enemigos del mundo, así como a los movimientos políticos del pueblo. Y todos
aceptan la necesidad de extender y “modernizar” esta actividad de espionaje,
como parte de la generalizada “guerra contra el terror”, que en realidad es una
guerra de los gobernantes estadounidenses para crear un imperio global sin
rivales que no se puede desafiar, empezando con el Medio Oriente. A lo que los
críticos de Bush objetaban en cuanto a la intervención sin órdenes fue que al
pasar por alto FISA, Bush no observó las reglas en vigor sobre cómo
hacer tal espionaje. Dijeron que si Bush hubiera observado esas reglas, la corte
de FISA habría concedido la abrumadora mayoría, y tal vez todas las solicitudes
de Bush. Lo que les inquietó fue que sencillamente se adjudicó el derecho de
violar las reglas en vigor Y que él podría utilizar, y probablemente ya ha
utilizado, el enorme aparato tecnológico de espionaje de la NSA contra el pueblo
y también contra sus homólogos y rivales de la clase dominante.
Desafortunadamente, en gran medida la ira general contra la intervención de
la NSA se cortocircuitó y se canalizó a apoyar a los demócratas en las
elecciones de 2006, porque la gente se vio embaucada por las promesas de los
demócratas de peso de que si ganaran el control del Congreso, se haría algo
acerca de esto. Nancy Pelosi, por ejemplo, dijo en una columna de opinión del 18
de enero de 2007 en el Washington Post que el escándalo sobre el
programa de espiar sin órdenes fue “un llamado a que despertáramos y para la
supervisión intensiva del Congreso sobre las actividades de inteligencia”. Pero
la oposición demócrata a Bush se quedó estrictamente en el marco de las
condiciones del debate de la clase dominante sobre las pautas legales
para las actividades de las dependencias de espionaje del gobierno, y la gente
que apoyó a los demócratas se dejó engañar para que aceptara estas condiciones
reaccionarias.
Y ahora, con la nueva ley, vemos los resultados. El Congreso controlado por
los demócratas ha aprobado una ley que establece nuevas reglas en la clase
dominante acerca de cómo llevar a cabo el espionaje, las cuales legalizan la
vigilancia gubernamental masiva y sin precedentes de las comunicaciones en
Estados Unidos, la que antes fue ilegal.
Inmunidad, y encubrimiento
En marzo, la Cámara de Representantes aprobó una versión anterior de esta
ley, pero Bush amenazó con vetarla porque no incluyó, como exigió él, la
inmunidad para las compañías de telecomunicaciones que tienen 40 demandas en su
contra por su participación en el programa ilegal de la NSA. (Antes el Senado
había aprobado una versión que incluyó la inmunidad.) La situación ha estado
empatada desde entonces… hasta ahora. Nancy Pelosi tomó la delantera impulsando
en la Cámara un proyecto con la inmunidad. En el Senado, algunos demócratas,
entre ellos el líder de la mayoría Harry Reid, votaron contra el proyecto, pero
no tomaron medidas extraordinarias para pararlo. Otros (como Barack Obama, que
antes se había comprometido a oponerse a todo proyecto de ley que diera
inmunidad a las compañías) se unieron para votar 69 contra 28 a favor del
proyecto. (Vea el artículo adjunto.)
La cobertura de los medios sobre la nueva ley ha tratado la inmunidad para
las compañías de telecomunicaciones. Bajo esta ley, las compañías tendrían
inmunidad si pudieran demostrar en una corte del distrito federal que hayan
recibido una solicitud del gobierno “que indica que la actividad la autorizó el
presidente”. Ya que es del dominio público que los funcionarios del gobierno de
Bush hicieron esas solicitudes, en esencia eso garantiza que se desestimen las
demandas contra las compañías.
De cabo a rabo, la cláusula de inmunidad es escandalosa, pero se
trata de mucho más de que el régimen de Bush ayude a que grandes corporaciones
se protejan de demandas costosas. Michael Ratner del Centro pro Derechos
Constitucionales señaló: “Pues eso quiere decir que nunca vamos a saber nada
acerca de los 5 ó 6 años en que el programa ilegal funcionaba. No conseguiremos
los memorandos ocultos, y se permitirá que el gobierno siga utilizando la
información. Pues, esa cláusula de inmunidad es verdaderamente enorme”
(therealnews.com, 26 de junio). En otras palabras, la cláusula de inmunidad
apunta a ocultar los verdaderos detalles del programa de la NSA: quién lo
autorizó y estuvo enterado de él, cuánta y qué clase de información se recogió,
etc.
La realidad represiva detrás de la “transigencia”
Los defensores demócratas de la nueva ley justifican su apoyo (y su cambio de
opinión sobre la inmunidad) diciendo que es una “transigencia” que incluye
ciertas cláusulas que supuestamente aumentan las medidas de “supervisión” sobre
el espionaje que realiza la NSA y reglas un poco más estrictas sobre la
vigilancia de ciudadanos estadounidenses. Pero la realidad de esta
“transigencia” es una extensión muy importante de los poderes represivos del
gobierno.
Como señaló Michael Ratner, la ley “permite la intervención de emergencia de
7 días sin orden de ninguna clase. La intervención de emergencia continúa cuando
el gobierno estadounidense haga su solicitud ante la corte secreta, continúa
mientras que las apelaciones estén pendientes… Así que literalmente pueden
intervenir a ciudadanos norteamericanos por meses o más sin ninguna clase de
orden”.
Bajo la nueva ley, la corte de FISA no verá órdenes individuales de
vigilancia con información específica en la mayoría de los casos, sino solamente
“procedimientos” generales para cerciorarse de que estén “elaborados de manera
razonable” de modo que aseguren que el blanco del espionaje se ubique fuera de
Estados Unidos. La ley permite que la NSA intercepte las comunicaciones de gente
en Estados Unidos a condición de que el blanco de la vigilancia esté fuera del
país. Aunque la corte de FISA rechace los “procedimientos” generales en una
operación de espionaje particular, el gobierno puede continuar la vigilancia
durante todo el proceso de apelación, y guardar y utilizar toda la información
recogida durante ese período.
En una entrevista con Revolución, el abogado del Centro pro Derechos
Constitucionales, Shadayana Kadidal, habló del significado de este cambio
(hablaba de la versión de la ley de hace unos meses, pero sus observaciones se
aplican a la nueva ley). Kadidal explicó cómo estaba la situación antes con una
orden para cada intervención: “Es decir, cuando el gobierno decida vigilar a una
persona, presenta ciertas pruebas a la corte de FISA de que dicha persona está
trabajando para un gobierno extranjero o una organización terrorista extranjera,
de acuerdo a la definición muy amplia de la ley FISA. Luego la corte gira una
orden individual que dice que se puede vigilar a esa persona en particular”. Eso
ya se cambió con la nueva ley: “Es un gran cambio; en términos de la historia de
las regulaciones de intervenciones de telecomunicaciones de la ley FISA, ahora
el gobierno puede ir a la corte y solicitar un aval para todo un programa de
espionaje. Por ejemplo, irá a la corte y le dirá: queremos intervenir a todas
las personas que llaman desde Afganistán a Estados Unidos en la madrugada, y
luego respecto a la persona que recibe la llamada, queremos intervenir las
llamadas que hace en los siguientes 15 minutos. Algún criterio así, muy general,
se puede aplicar a centenares de casos todos los días, en que es posible que el
gobierno ni siquiera sepa a quién se está interviniendo”.
Con la nueva ley, el gobierno puede espiar las llamadas telefónicas y los
emails internacionales de quienquiera en Estados Unidos para “adquirir
información de inteligencia extranjera”, mientras que el “blanco” de esa
vigilancia sea una persona o un grupo a que “se cree razonablemente esté ubicado
fuera de Estados Unidos”. No se requiere que el gobierno demuestre “causa
probable”, o sea, alguna evidencia de que se ha cometido un crimen. Carolina
Fredrickson, directora de la Oficina Legislativa de la Unión Americana de
Libertades Civiles en Washington, dijo: “Los norteamericanos han de saber que si
se aprobara y si entrara en vigor esta ley, el contenido de sus llamadas
telefónicas o emails internacionales ya no sería privado. El gobierno puede
escuchar sin ninguna razón específica que lo justifique”.
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