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Revolución #131, 1 de junio de
2008
Redadas de inmigración fascistas y farsa de juicios en Iowa
Entre el 19 y 22 de mayo, en un tribunal federal improvisado, en el recinto
del National Cattle Congress (una feria de ganado), en Waterloo, Iowa,
sentenciaron a más de 300 trabajadores inmigrantes a cinco meses de prisión y
luego serán deportados. La redada ocurrió el lunes 12 de mayo, los agentes
descendieron sobre la planta procesadora de carnes Agriprocessors, Inc., en
Postville, con órdenes de detención para casi 700 trabajadores de los 968 que
trabajaban ahí. Funcionarios dicen que en la redada participaron agentes del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, que es parte del Departamento
de Seguridad Interna), y más de una docena de otras dependencias federales,
estatales y locales. Esta fue la mayor redada en un solo centro de trabajo en la
historia de Estados Unidos.
Ese día, los agentes se llevaron a 389 trabajadores. Esto forma parte de la
creciente ofensiva fascista contra los inmigrantes, que incluye: redadas en los
centros de trabajo y las comunidades, la movilización de paramilitares
derechistas, la aprobación en municipios y estados de leyes represivas contra
los inmigrantes, la construcción de muros y la aceleración de operativos y
medidas militares en la frontera. El 23 de mayo, el ICE anunció que sus agentes
habían efectuado más de 900 arrestos en California durante un operativo de tres
semanas para capturar a personas contra las que se habían girado ordenes de
deportación. El año pasado, el ICE deportó a 275.000 inmigrantes.
Según el gobierno, los inmigrantes detenidos en Agriprocessors son
“culpables” del uso fraudulento de números de seguro social y otros documentos.
Estos trabajadores, casi todos de Guatemala, son parte de esos millones de
personas de Centroamérica, México y otras partes del mundo que ya no podían
alimentarse a sí mismos ni a sus familias en sus países donde el dominio y
saqueo del imperialismo ha diezmado economías y sociedades enteras. Viajaron al
norte, en muchos casos arriesgando la vida en desiertos en la frontera, a
trabajar en la planta procesadora de carnes en el campo de Iowa, obligados a
trabajar en condiciones peligrosas por un salario bajo. Para conseguir esos
trabajaos, primero tuvieron que obtener identificaciones, a cómo dé lugar, y
ahora, por eso, dicen que son “criminales”.
La enorme redada en Agriprocessors, que de golpe metió a la prisión al 10% de
la población de Postville, ha devastado y aterrado a los inmigrantes y el pueblo
(y ha estremecido a comunidades de inmigrantes en todo el país). Al día
siguiente, la mitad de los 600 alumnos del sistema escolar se ausentaron, porque
sus padres o estaban presos o escondidos. La administración de las escuelas dijo
que la situación era “como un desastre natural, pero creado por seres humanos”.
En la localidad, cientos de inmigrantes se refugiaron en una iglesia, y docenas
de negocios tuvieron que cerrar. Un empresario le dijo al periódico de
Inglaterra, Globe & Mail, “Este lunes nos violaron y nos saquearon.
Todos los que vivimos aquí debemos estar indignados” (“Hardening the line on
illegal workers”, 23 de mayo de 2008).
Criminalizan a trabajadores inmigrantes
Pero el tamaño de la redada no es la única cosa alarmante sobre lo que está
sucediendo aquí. Anteriormente, si a un inmigrante lo detenían por no tener los
“papeles apropiados”, por lo general se celebraba una audiencia en que lo
acusaban de incumplir las leyes migratorias, que es un asunto civil. Pero ahora,
con una maniobra sin precedente, el gobierno ha acusado a los cientos de
trabajadores de delitos penales, simplemente por trabajar sin los
documentos “apropiados”. Esta es una escalada peligrosa del gobierno para
criminalizar a inmigrantes sin documentos, y de someterlos más a una vida de
casta, más salvajemente explotados, siempre bajo la amenaza de ser arrestados y
deportados. Juliet Stumpf, una profesora de derecho migratorio de la Escuela de
Derecho Lewis & Clark, le dijo al New York Times: “A mi entender,
la magnitud de estas acusaciones no tiene precedente. La manera de usar un
proceso penal como parte de aplicar las leyes migratorias es lo que hace a esto
fuera de lo ordinario, es una asombrosa intensificación de la penalización de
leyes migratorias” (“270 Illegal Immigrant Workers Sent to Prison in Federal
Push”, 24 de mayo de 2008).
Durante los cuatro días que duró el proceso en el recinto de la feria de
ganado, a los inmigrantes los tuvieron en una especie de campo de concentración
improvisado, con alambre de púas y guardias armados. A los inmigrantes,
esposados y con grilletes, los hacían pasar en grupos por un tribunal
improvisado donde tenían que declararse, luego pasaban a otra sala donde les
dictaban la sentencia.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y otros, la fiscalía
federal obligó a los inmigrantes a aceptar acuerdos de culpabilidad con
amenazas de que si no aceptaran declararse culpables de delitos “menores” y
aceptaran el “acuerdo”, se les podría acusar de cargos más graves como robo
agravado de identidad, por lo cual se les podría sentenciar a por lo menos
dos años e imponerles fuertes multas.
Además, les negaron el derecho a tener un abogado y al proceso legal
establecido, que supuestamente todo el que esté en este país tiene, sin importar
su situación migratoria. En un comunicado del 21 de mayo, la ACLU describió el
tipo de procedimiento injusto que se está llevando a cabo en Iowa: “Típicamente,
un solo defensor representa a un grupo de 20 trabajadores, para quienes tiene
que tomar decisiones sobre complejos asuntos de migración, determinar la
responsabilidad penal y aconsejar a clientes que no hablan inglés. El abogado,
que no se especializa en derecho migratorio, tiene que cumplir esta tarea bajo
la presión de la fecha límite, impuesta arbitrariamente por la Procuraduría
federal, de 7 días. En ese marco, cada abogado y cada cliente tendrán que tomar
decisiones posiblemente irrevocables de declarase culpable e ir a la cárcel y
así perder todo derecho migratorio, o cuestionar los cargos penales y correr el
riesgo de ir a la prisión por hasta 2 años por el cargo de ‘robo agravado de
identificación’ para poder trabajar.
“A los inmigrantes los someten a apresuradas audiencias en masa que solo
duran unos minutos. En esas audiencias tienen que renunciar al derecho a una
audiencia de migración a cambio de un mejor acuerdo de culpabilidad. Al parecer,
como parte del acuerdo, a los trabajadores que tienen demandas legítimas para
quedarse en el país legalmente, sean inmigrantes que tienen familiares que son
ciudadanos o que han obtenido asilo legítimo o son perseguidos políticos, les
han prohibido ejercer ese derecho”.
El 22 de mayo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) le
envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Interna, Michael
Chertoff y al procurador general federal, Michael Mukasey, en que expresan su
“grave preocupación” por “claramente hacer caso omiso del derecho a tener
consejería significativa de un abogado y al proceso legal debido” para quienes
fueron detenidos durante la redada de Agriprocessors. La AILA señaló lo que le
parece un “punto muy saliente”: el 12 de mayo, el tribunal de distrito
federal para el noreste de Iowa emitió un comunicado de prensa —el mismo día de
la redada en Agriprocessors— en que anuncia el traslado temporal de funciones
para jueces federales y del personal del tribunal a Waterloo “debido al
proceso... de numerosos extranjeros ilegales...”. Como señala la AILA, se emitió
el comunicado de prensa “antes de determinar que los arrestados y acusados eran
‘extranjeros ilegales’”.
Mejor dicho, el gobierno ha estado operando abiertamente en este caso bajo el
indignante principio de que a los inmigrantes se les presume culpables
de los cargos aun antes de que se haga un juicio.
La represión fascista — y la resistencia que se
necesita
Agriprocessors, la mayor planta procesadora de carnes “kosher” en el país, se
estableció en las afueras de Postville en 1987. Al principio, la mayoría de los
trabajadores que contrataba eran de países del ex bloque soviético, de Europa
del este. El Globe & Mail informó: “Stephen Bloom, el autor de
Postville: A Clash of Cultures in Heartland America [Postville: Un
choque de culturas en el corazón de América], dice que los esteeuropeos no
trabajaron ni un solo día más de lo que era absolutamente necesario. En cuanto
se establecieron, buscaron mejores trabajos que no eran tan peligrosos”.
En los años 1990, la fuerza de trabajo de la planta pasó a ser principalmente
latina, primero vinieron los mexicanos y después los guatemaltecos. En 2006, el
periódico Jewish Daily Forward denunció las condiciones de trabajo ahí:
“Uno de esos trabajadores, una mujer que aceptó usar el seudónimo de Juana,
llegó hace un año a este rincón rural de Iowa desde Guatemala. Desde entonces ha
trabajado entre 10 y 12 horas en el turno de noche 6 días a la semana. La mano
con que corta está hinchada y deformada, pero como no tiene seguro médico, no ha
podido ir a hacerse un examen. Al comienzo, les pagan $6.25 la hora pero no
aumenta a más de $7 la hora. Varios expertos de la industria dicen que ese es el
salario más bajo que se paga en una planta procesadora de carnes en el país.
Juana, y los otros trabajadores de Agriprocessors... no reciben casi nada de
capacitación, lo cual es una anomalía para una industria en que las herramientas
tienen el propósito de cortar y moler carne y huesos. En un mes el verano
pasado, a dos jóvenes les tuvieron que hacer una amputación; y los trabajadores
dicen que desde entonces ha habido otros casos. Los animales pasan a paso veloz
colgados de ganchos de metal y los trabajadores dicen que les reprenden por no
trabajar suficientemente rápido”.
Juana dijo: “Aquí podemos ver que hay mucha injusticia. Pero es un pueblo
pequeño. Es la única fábrica aquí. No nos queda de otra” (“In Iowa Meat Plant,
Kosher ‘Jungle’ Breeds Fear, Injury, Short Pay”, 26 de mayo de 2006).
Este tipo de superexplotación ha hecho a los inmigrantes sin documentos
indispensables para los gobernantes capitalistas. Los necesitan para que la
economía sea rentable, y porque el dinero que los trabajadores remiten a sus
países ayuda a mantener cierta estabilidad en esos países que le conviene al
imperialismo. Sin embargo, esto encierra una intensa contradicción para los
gobernantes, que tienen la necesidad de reforzar el “pegamento aglutinador” de
la sociedad para, desde el punto de vista de sus intereses, “mantenerlo
todo unido”. A esta luz, el hecho de que en este país hay millones de personas
que están viviendo “fuera de la ley” les presenta a los gobernantes un grave
problema, y por eso han tomado medidas salvajes para aterrar y reprimir a los
inmigrantes, y a todos aquellos que acuden a su socorro. Y la descarada
violación de derechos fundamentales —como los juicios en masa contra los
trabajadores de Agriprocessors— es parte de la acelerada represión y “normas”
fascistas que se están imponiendo en el país.
Lo que está pasando con los inmigrantes en este país hoy es lo que pasó con
los judíos y otros en la Alemania nazi. Hay que preguntar con urgencia: ¿Se
permitirá que se sigan cometiendo estos horrores, con solo unas pocas protestas
de personas de conciencia... o habrá una enorme protesta y resistencia resuelta
en toda la sociedad para poner alto a estos crímenes?
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