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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

¡NO MAS!
¡Ningún ser humano es ilegal!

EL Mundo no Puede Esperar exhorta a cada persona a protestar contra las leyes racistas como Arizona SB1070, a desacatarlas y a DESOBEDECERLAS



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El escenario de la bomba a punto de explotar

Por la llamada “Guerra global contra el Terrorismo”, Estados Unidos ha perdido su lugar entre los países respetuosos de los derechos humanos. No fue, sin embargo, el brutal ataque contra las torres gemelas la causa eficiente de esa sensible pérdida de prestigio, sino el empeño de la Administración Bush de combatir al terror con las armas del autoritarismo y de la violencia, en lugar de privilegiar la democracia y el estado de derecho.

Hace siete años, Estados Unidos cayó en la “tentación del excepcionalismo” en la que tantos países latinoamericanos incurrieron en décadas pasadas. Esa tentación es la actitud de pensar que los derechos humanos están muy bien para otros o para tiempos “normales”, pero nosotros somos diferentes, o el desafío que enfrentamos es diferente, y ello justifica dejar de lado los principios más cercanos a nuestra identidad nacional.

El mal hecho a la estatura moral internacional de Estados Unidos puede remediarse. El retroceso ocasionado a la causa misma de los derechos humanos ya se empieza a superar – en buena medida por la vigorosa y eficaz respuesta de las organizaciones norteamericanas de la sociedad civil que respondieron a estas políticas, respuesta admirada en el mundo entero.

Un daño mayor a la imagen de Estados Unidos como una sociedad decente – que no agrede sino que protege a sus habitantes – es haber instalado un debate peregrino y estéril sobre justificaciones y definiciones de la tortura y limitado las oportunidades judiciales para responsabilizar a quienes la practican.

Lamentablemente, la Administración Bush no ha estado sola; el mundo del entretenimiento y hasta juristas connotados han replanteado el tema con inventiva digna de mejor causa. Pero sus argumentos son apenas refritos de lo que los latinoamericanos escuchamos en su momento de Pinochet, Videla y sus corifeos en culturas empobrecidas por el miedo.

El escenario de la bomba a punto de explotar se presentó hace casi cuarenta años en nuestros países y sabemos muy bien cómo terminó esa película. Ni entonces ni ahora el argumento resiste el menor análisis. Como no sabemos quién posee la información que necesitamos, deberemos torturar a cientos de inocentes sin siquiera estar seguros de poder encontrar a tiempo la información que buscamos. Por ese camino creamos fuerzas de seguridad temidas pero no respetadas, que pierden la confianza de nuestros ciudadanos y resultan menos eficaces en la lucha contra el delito.

El argumento de las potestades plenas del Presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas y fuera de las reglas de la guerra establecidas en los Convenios de Ginebra es el aporte más “original” de los juristas de Bush. Los abogados de Pinochet y Videla nunca se atrevieron a ir tan lejos como sugerir que el Presidente está por encima de la ley. Afortunadamente, los fracasos de la presidencia de Bush sepultarán consigo estas ideas insostenibles desde la teoría constitucional pero no por ello menos peligrosas.

La tarea de desandar estos siete años de desatinos recién comienza. Hay que desmantelar el arsenal represivo que permite la tortura, la detención arbitraria prolongada, los procesos penales por comisiones militares y la desaparición forzada llamada engañosamente “rendición”. Ha de crearse una comisión investigadora independiente y apartidaria, que revele todo lo que todavía no sabemos sobre los abusos cometidos en esta guerra e identifique a los responsables. Sobre todo, será necesario desde ya luchar contra la impunidad.

Aparentemente, Bush se propone dictar, antes de dejar la Casa Blanca, un indulto genérico e innominado para protegerse a sí mismo y a quienes lo secundaron en esta inmoral empresa. Hasta las auto-amnistías de las dictaduras latinoamericanas palidecen frente a este verdadero abuso del poder presidencial.

La ética democrática, la noción misma del estado de derecho y las normas jurídicas emergentes en derechos humanos serían violentadas por este intento de consagrar la impunidad, tal como fue establecido hace años en los demás países de la región. Quienes lo impulsan deben saber que la historia demuestra que se trata de un vano intento de tapar el sol con las manos.

es el Presidente del Centro Internacional por la Justicia de Transición (ICTJ, por sus siglas en inglés), Nueva York.


 

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